El juez Baltasar Garzón, condenado hoy por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por intervenir las conversaciones de varios de los imputados en el «caso Gürtel» y sus abogados, ha rechazado hoy «frontalmente» la sentencia y ha anunciado que la recurrirá.
En una nota remitida a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que «elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España».