El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene previsto desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que permita que muchos de los asuntos que actualmente deben ser tramitados por vía judicial, como es el caso de los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo, puedan ser tramitados ante notario.
«Aquí tramitamos por vía judicial muchos asuntos que tendríamos que resolver de forma distinta. Esa va ser una de las primeras medias que vamos a hacer a través de una ley de mediación y una ley de jurisdicción voluntaria», ha confirmado en una entrevista en la Cope.
En este sentido, ha explicado que no tiene sentido que, por ejemplo, dos personas que se quieren divorciar «de mutuo acuerdo», que sólo necesitan «una constatación de ese acuerdo para luego ser ejecutado», no puedan «formalizar» directamente su divorcio «ante un notario y que se tenga que iniciar un expediente judicial».
«Lo mismo le digo con relación al matrimonio. De la misma forma que los alcaldes pueden autorizar matrimonios, porque la única alternativa es llevarlo ante los funcionaros al Registro Civil y no podemos permitir que un notario autorice un matrimonio o divorcios», se ha preguntado.
De esta forma, Ruiz-Gallardón ha explicado que la reforma permitirá que «muchos asuntos que en estos momentos están atascados» se resuelvan más rápidamente, siempre «con plena garantía para los ciudadanos, ante otros organismos». «España es un país que tiene un grado de religiosidad muy superior a la media europea», ha criticado.
«Hay un enorme campo que en estos momentos está atrasando los Tribunales que podemos llevar a una mediación, a una jurisdicción voluntaria», ha señalado, pare defender que España puede estar «orgullosa» de su sistema notarial porque ofrece «seguridad jurídica». «Lo que tenemos que hacer es encargarles a esas personas muchas tareas que en este momento están colapsando los tribunales», ha apuntado.
ADELANTAR RESOLUCION DE TEMAS IMPORTANTES
Asimismo, ha anunciado que también tiene previsto «establecer una serie de mecanismos» que permitan anticipar la resolución de aquellos asuntos «importantísimos» que están retenidos «por ese atasco judicial y que ahora no pueden ser resueltos antes de que se resuelvan los que entraron antes». «Hay decenas y miles de millones de euros que están paralizados, pendientes de resolución judicial y ese dinero no se destina a inversión y no general empleo», ha denunciado.
«Vamos a establecer normas conforme a las cuales nuestros Tribunales puedan adelantar la resolución de esos asuntos», ha aseverado, para defender que no puede seguir funcionando «un sistema judicial que está pensado para la España del siglo XIX». «Creo que introducir criterios modernos de gestión que superen los prejuicios que están anclados en nuestra mentalidad», ha afirmado.