La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, detallará este miércoles, en su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, las líneas generales que prevé emprender al frente de su departamento, del que dependen asuntos como la reforma de la Ley del Aborto, el desarrollo de la Ley de Dependencia o la sosteniblidad del sistema público de Salud. El de febrero se estrenará en la Comisión de Igualdad.
Mato podría detallar la reforma que pretende abordar el Gobierno en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2010, que contempla que las menores de edad no puedan abortar sin conocimiento ni consentimiento de sus padres y defender el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional, tal y como avanzó la semana pasada el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso.
Así, la titular de Sanidad compartirá junto al de Justicia esta iniciativa: el departamento de Mato llevará a cabo los estudios pertinentes para la viabilidad de la modificación normativa, mientras el de Ruiz-Gallardón tramitará la reforma.
Según aseguraron fuentes del Ministerio de Justicia a Europa Press, la reforma de la Ley de la Aborto irá más en la línea de una ley de supuestos, en lugar de plazos, y defenderá los derechos del 'nonato', siempre que estos no entren en colisión con otros derechos, siguiendo la doctrina fijada por el TC en 1985.
Frentes abiertos en el ministerio
En su toma de posesión al frente del Ministerio, Mato prometió reformas para mejorar los servicios básicos para los ciudadanos, en colaboración y diálogo permanente con las comunidades autónomas, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y organizaciones de consumidores y usuarios.
Según señaló, «lo esencial» para su departamento son «las personas y su mayor bienestar», destacando a jóvenes, mayores, niños y dando «especial atención» a quienes «tienen las dificultades o sufren algún tipo de discapacidad.
En este sentido, otro de los 'frentes abiertos' que mantiene Mato es la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que el pasado 14 de enero cumplió cinco años en vigor, con 754.713 personas atendidas, 315.244 a la espera de recibir una prestación o servicio, y dudas sobre su viabilidad. La ministra ya ha anunciado cambios en el modelo de financiación de la ley, pero todavía debe concretarlos.
Mato ya mantuvo su primer contacto parlamentario el pasado 18 de enero, en la sede de su ministerio, con los portavoces del Congreso de las distintas comisiones parlamentarias relacionadas con su gestión, en un encuentro que distintos asistentes tildaron de «cordial» y que la ministra tiene intención de convertir en «periódico».
Amenazas de copago
Entre otros aspectos, Mato también deberá dar la cara ante su compromiso de pagar la deuda que mantienen las Administraciones Públicas con los laboratorios farmacéuticos, tal y como aseguró tras mantener una reunión con Farmaindustria esta semana, en la que les garantizó la creación de «un marco normativo estable y predecible para la industria». Sólo en deuda hospitalaria, las administraciones deben más de 5.800 millones de euros a los proveedores.
Por otro lado, socialistas e IU recriminarán a la titular de Sanidad las 'amenazas' de copago sanitario que están teniendo lugar en algunas comunidades autónomas como Cataluña, donde los pacientes tendrán que pagar por un euro cada receta expedida, o en Baleares, una cantidad determinada por renovar la tarjeta sanitaria.
Finalmente, la titular de Sanidad y Servicios Sociales deberá responder a las demandas de los partidos catalanes que, tal y como han manifestado, cuestionarán a la ministra sobre el fallo del Tribunal Supremo por el que las comunidades autónomas pueden gestionar y territorializar la contribución de la casilla del 0,7 por ciento del IRPF destinada a los fines sociales en la declaración de la renta.