El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el embargo a la familia Ruiz-Mateos de 220 inmuebles, varias fincas rústicas, vehículos de alta gama y un centenar de obras de arte, han confirmado fuentes policiales.
La orden del juez Ruz se enmarca en la investigación judicial para revelar el destino de casi 300 millones de euros que 4.110 inversores depositaron en pagarés de las empresas de Nueva Rumasa a cambio de un interés que oscilaba entre el 8 y el 12 por ciento.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) practicaron ayer al menos siete registros en propiedades de la familia Ruiz-Mateos, entre ellas una vivienda en una urbanización de lujo de Somosaguas.
Después de quince horas de registro que acabó de madrugada, la Policía abandonó la vivienda con varias cajas y bolsas que contenían diversa documentación incautada en el inmueble.
Unos 4.000 inversores invirtieron en pagarés de Nueva Rumasa -a través de las 13 emisiones conocidas hasta ahora- más de 337,37 millones de euros, de los que a día de hoy aún faltan por pagar más de 289,11 millones, el 75 por ciento de lo captado, contando el principal más los intereses.
Segunda prohibición de salir de España
El juzgado de instrucción 3 de Palma ha decretado, al igual que lo hizo el pasado martes el número 9, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España para el empresario José María Ruiz-Mateos, imputado en los dos juzgados por sendos delitos de estafa en la venta de dos hoteles.
Ruiz-Mateos compareció el pasado martes en los dos juzgados de Palma citado para responder a las acusaciones de estafa y se acogió a su derecho a no declarar en ambos casos.
El titular del juzgado número 9, Enrique Morell, decretó entonces las citadas medidas cautelares contra Ruiz-Mateos, al que había citado por segunda vez. En la primera ocasión, declararon ante Morell sus seis hijos varones, sobre los que el juez dictó las mismas medidas cautelares.
En el caso de instrucción 3, el pasado martes era la tercera vez que se le citaba a declarar, por lo que la jueza sustituta, María Pascual, le advirtió que de no hacerlo emitiría una orden de detención contra él.
Tras su comparecencia, el fiscal pidió a la jueza que retirara el pasaporte a Ruiz-Mateos, le prohibiera salir de España y le obligara a comparecer cada quince días, medidas que Pascual ha decretado, según han informado hoy a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
La jueza ha rechazado, en cambio, la petición de fianza penal de 2 millones de euros pedida por la abogada Isabel Fluxá, que representa al hotelero querellante Francisco Miralles.