La defensa de Baltasar Garzón y la Fiscalía han pedido la nulidad de la causa abierta al juez por investigar los crímenes del franquismo y han cargado contra el instructor de la misma, Luciano Varela, del que han dicho que «tomó partido y perdió su imparcialidad» y cuya actuación han calificado de «insólita».
Tanto el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda como el fiscal Luis Navajas se han referido con estos calificativos a la providencia dictada en abril de 2010 por la que Varela dio una «segunda oportunidad» a Manos Limpias para que corrigiera los defectos advertidos en su escrito de acusación, sin tener en cuenta que este proceso ha tenido «efectos devastadores» para su cliente.
Así, el letrado de Garzón ha considerado que el instructor «vulneró normas esenciales del procedimiento, tomó partido y perdió su imparcialidad» al llegar a sugerir la forma en la que el sindicato ultraderechista debía corregir esos errores, advirtiéndole por ejemplo de que debía precisar la calificación del delito de prevaricación incluyendo el término «a sabiendas».
La tutela judicial efectiva «no puede servir para amparar el derecho a que el juez reoriente la estrategia de acusaciones que son defectuosas», ha insistido el abogado, que ha recordado casos como el de Filesa y el Nani, en los que los defectos formales impidieron la continuación de la causa contra algunos de los acusados.
Irreconstruible
Por su parte, el fiscal -que ha asegurado que en sus 36 años de carrera no ha visto una actuación parecida a la de Varela- ha dicho que la providencia «transmuta un escrito de acusación que por sí mismo no se salvaba, y el juez colabora y coadyuva a reconstruir lo absolutamente irreconstruible».
Varela «devolvió el toro a los toriles porque el morlaco (...) no estaba bien presentado para torearse en una plaza de primera», ha añadido el fiscal.
El escrito finalmente presentado por Manos Limpias, que pide 20 años de inhabilitación para Garzón, fue «un corta y pega» de los autos del instructor, hasta el punto, según Martínez-Fresneda, de que incluían las mismas erratas. La defensa sostiene, además, que el texto debió rechazarse porque no precisa cuáles de las resoluciones adoptadas por Garzón son las supuestamente injustas.