La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que la familia Ruiz-Mateos captó un total de 385,3 millones de euros de 4.110 inversores mediante la emisión de pagarés de 13 empresas del grupo Nueva Rumasa, según el último informe elaborado por el Ministerio Fiscal.
Los fiscales consideran probado el delito de estafa contra los inversores cometido por los Ruiz-Mateos, ya que destacan que 8 de las 13 sociedades emisoras «no han satisfecho nunca cantidad alguna a sus inversores, por lo que el 100% de sus pagarés han resultado fallidos». Estas 8 sociedades aglutinan a 1.208 inversores, de los que 1.026 tienen pagarés de Grupo Dhul.
Fuentes jurídicas explicaron que estos hechos encajan con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en varias sentencias, que consideran que la ausencia de un primer pago al inversor prueba el ánimo de estafa del imputado.
Del importe total captado por Nueva Rumasa, 337,3 millones de euros corresponden a las inversiones depositadas por los afectados y 47,7 millones de euros a los intereses comprometidos por los Ruiz-Mateos para retribuir dichos fondos.
Sin embargo, los fiscales fijan en 289,1 millones de euros el total que queda por abonar a los inversores, ya que antes de la quiebra Nueva Rumasa ya había pagado 96,2 millones de euros por devolución de principal e intereses, lo que supone algo menos del 25% de las obligaciones.
Esta cifra, que suma los 88,8 millones de euros de pagarés ya vencidos y 200,4 millones de euros de los que vencerán en próximas fechas, será la que, por el momento, la Fiscalía reclame a los Ruiz-Mateos en el proceso penal que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz contra ellos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y administración desleal.
Por último, Anticorrupción pide al juez que solicite a los Ruiz-Mateos que informen sobre los intereses con los que retribuyeron los pagarés emitidos por Clesa (cuya emisión total asciende a 4,43 millones de euros), ya que en la información recibida figuran como «0,0 euros».
La Audiencia Nacional continúa así con las diligencias de investigación del proceso en el que están imputados el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, sus seis hijos varones, y su sobrino, Zoilo Pazos, por presunta estafa a los inversores. Todos ellos declararon ante el juez a mediados de octubre. La causa continúa bajo secreto de sumario.
El juez investiga el destino del dinero depositado por los clientes en sociedades domiciliadas en Suiza y paraísos fiscales como Belice o las Antillas holandesas, entre otros. Los Ruiz-Mateos emitieron pagarés de Dhul, Clesa, Carcesa, Nueva Hotasa, Rumanova, Inversiones Ruiz-Mateos y José María Ruiz-Mateos, entre otras, bajo la afirmación de que iban a destinar las inversiones al crecimiento del negocio.