Clesa, sociedad del grupo Nueva Rumasa, presenta un déficit patrimonial de 681,02 millones de euros y está abocada a la liquidación, dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo con sus acreedores ordinarios, según el informe de la administración concursal.
El documento, al que ha tenido acceso Efe, cita entre las causas fundamentales de su insolvencia la adquisición de las acciones de Grupo Parmalat - 216,13 millones que asumió la compañía y no los accionistas-, la compra de activos del grupo Nueva Rumasa a precios superiores a los de mercado, la aportación de la rama de actividad a Cacaolat y el afianzamiento de operaciones financieras y mercantiles.
El informe refleja que la actividad de venta y elaboración de productos lácteos de Clesa ha generado pérdidas significativas y continuadas desde el comienzo de las operaciones.
Detalla que su resultado negativo de explotación ha sido «sistemáticamente encubierto mediante apuntes contables no justificados».
La administración concursal ha matizado que, sin embargo, las pérdidas derivadas de la actividad principal de la empresa láctea «no justifican en absoluto el déficit patrimonial actual».
La operación de Parmalat generó costes que ha asumido Clesa y para la devolución de los préstamos recibidos la empresa láctea ha utilizado pagarés derivados de la venta de la fábrica de Madrid capital y de las plantas de la localidad madrileña de Leganés y de Barcelona.
El informe explica que tres fincas de la empresa láctea situadas en Alicante garantizan la deuda pendiente de pago, derivada de la financiación de esa adquisición.
El texto señala el «importante retraimiento de recursos» de Clesa que ha supuesto la adquisición a empresas de Nueva Rumasa de activos no relacionados con su actividad ordinaria a precios «muy superiores a los de mercado».
El efecto estimado en el patrimonio de Clesa de estas operaciones de compra ha ascendido a más de 123,94 millones y se concretan en la compra de Rincón de la Victoria (13,90 millones), Y del Hotel Cervantes (71,91 millones) y la compraventa de participaciones de Grupo Dhul (38,12 millones).
Los administradores han calculado en más de 10,61 millones el impacto en el patrimonio de Clesa por la aportación de la rama de actividad a Cacaolat.
Indican que las líneas aportadas a la empresa de batidos son las que más rentabilidad daban a Clesa y que, en 2010, se produjo un trasvase neto de resultados a favor de Cacaolat derivado de los precios de transferencia acordados.
Según el informe, Clesa ha asumido el coste del alquiler de la fábrica de batidos de Barcelona en 2010 y 2011, sin repercutir más que una «parte testimonial a Cacaolat en concepto de subarriendo».
Añade que Clesa ha afianzado operaciones financieras y mercantiles de otras sociedades del grupo Nueva Rumasa por un importe de 550,39 millones y que, debido a los incumplimientos de las sociedades afianzadas, los acreedores le han reclamado los créditos.
La empresa láctea ha constituido avales a favor de inversores que han suscrito pagarés emitidos por otras sociedades del denominado grupo Nueva Rumasa, por un importe, según la documentación de la propia Clesa, de 216,19 millones.
Debido a los incumplimientos de las sociedades a las que Clesa había avalado, los acreedores le han reclamado los créditos.
El informe subraya que Clesa emitió en 2010 un serie de facturas por ventas realizadas a las dos sociedades del Grupo que no se correspondían con operaciones reales.
Así, en la contabilidad de la sociedad y como realizadas en agosto de 2010, se registraron ventas a Hoteles Incabo por importe de 2,6 millones, y a Ladesar Canarias, por 2,3 millones.
El informe explica que Clesa se encontraba en situación de insolvencia desde mucho antes de que hubiera comunicado al Juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para tratar de conseguir una reestructuración financiera o un convenio anticipado (15 de febrero de 2011), unas negociaciones de las que aseguran no existe rastro.
Indica que la situación de crisis económica general y la que atraviesa el sector lácteo pudieran aumentar mucho más la situación de desbalance patrimonial, convirtiendo en «utópicas las legitimas expectativas de cobro de los acreedores que sean titulares de privilegios generales o especiales».