El Gobierno ha indultado al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto, con lo que se paraliza la ejecución de la sentencia y podrá seguir en su cargo.
El Consejo de Ministros ha decidido «indultar parcialmente» a Sáenz, al abogado Rafael Jiménez de Parga y al exdirectivo de Banesto Miguel Ángel Calama, «una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a la Ley».
«La concesión de este indulto parcial conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso», añade la nota.
Sin detalles
Tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, se limitó a admitir que «se había tratado» este asunto, sin dar detalles sobre los argumentos empleados por el Gobierno para conceder el indulto ni explicar tampoco por qué se ha decidido sobre este tema ahora, con el Ejecutivo en funciones».
El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto, que entonces presidía Sáenz tras adquirirlo en subasta el Santander después de ser intervenido, emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos. Así, el banco presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales (lo que conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).
En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz y los otros dos condenados «tenían conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios).