El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha planteado hoy que el gobierno y la administración de la provincia esté encomendada a un Consejo de Alcaldes, que carecería de estructura política, y que permitiría un ahorro de algo más de 1.000 millones de euros.
En rueda de prensa para presentar el proyecto de transformación de las diputaciones provinciales, Rubalcaba ha señalado que esta propuesta se llevará a finales de septiembre a la Conferencia Política del PSOE, que tiene por objeto simplificar, evitar duplicidades y conseguir un ahorro importante del gasto público.
Rubalcaba ha explicado que estos mil millones suponen el 20 por ciento del gasto total de las diputaciones, ahorro al que se llegaría suprimiendo cargos políticos, asesores, la infraestructura de esos cargos políticos y el paso de una serie de servicios y gestiones -básicamente en educación y servicios sociales- a las comunidades autónomas.
No obstante, Rubalcaba ha asegurado que esta propuesta no conllevaría una reforma constitucional y sí «una organización distinta» de la provincia en la que cabría una redefinición de la Ley de Bases de Régimen Local y una modificación de la Ley de Haciendas Locales.
Rubalcaba también ha querido dejar claro que los funcionarios y el personal administrativo que actualmente presta servicios para las diputaciones provinciales tendrán garantizados sus puestos de trabajo.
Así, ha subrayado que los funcionarios no serán suprimidos ya que «serán llevados a los sitios que correspondan» y tendrán, como cualquier funcionario, «su puesto garantizado».
El candidato ha especificado que las funciones y servicios que pasarían a las comunidades serían, entre otras, las relativas al bienestar social y servicios sociales, políticas de igualdad, acción educativa, interés cultural, medio ambiente, políticas de empleo y tecnología, mientras que algunas muy concretas, como residuos, podrían revertir en los municipios.
En la rueda de prensa, Rubalcaba ha expuesto cómo en las 38 diputaciones de régimen común -con un presupuesto de 6.000 millones de euros, el 30 por ciento destinado al gasto de personal- cuenta con una serie de gastos «prescindibles» y aquí ha citado los salarios de los cargos políticos, de sus asesores y del personal de confianza.
Además, ha relatado que se enmarcan como gastos «prescindibles» los gastos de protocolo, parque móvil, publicidad y propaganda, estudios, vestuario, dietas y seguridad, todos ellos «inherentes» a la estructura política.
Asimismo, Rubalcaba ha explicado que en el Consejo de Alcaldes, «un alcalde, elegido por el resto, representará los intereses de la provincia» y gestionará una serie de competencias, «aliviado de la parte política» y sin duplicidades.
A la pregunta de por qué un cambio tan radical en la postura del PSOE ante las diputaciones provinciales, Rubalcaba ha descartado que sea radical pero sí ha admitido que se trata de «un cambio» y ha matizado que cuando las cosas cambian «las políticas tienen que cambiar también», y ahora se requiere «un esfuerzo de ahorro» en la administración y en los cargos políticos.
Rubalcaba ha señalado que el planteamiento es «riguroso» y ha partido del análisis del presupuesto de las diputaciones provinciales y ha insistido en que el objetivo es ahorrar mil millones y suprimir mil cargos políticos.
Este planteamiento afectaría a las 38 diputaciones provinciales y quedarían excluidas las forales y los cabildos y consejos insulares, que ya tienen un ámbito autonómico .