El debate no es nuevo, pero el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba lo ha vuelto a poner en el candelero hace unos días. ¿Tienen sentido las Diputaciones Provinciales en la estructura territorial del Estado? ¿Es necesaria una cuarta administración? ¿Son sostenibles en una situación de crisis?
En esa discusión se han enzarzado estos días los partidos, aunque ya el año pasado el ministro de Fomento, José Blanco, abrió el melón al preguntarse si tenía sentido la existencia de estas instituciones en un momento de crisis.
El debate se centra en las 38 diputaciones de régimen común que funcionan en las comunidades pluriprovinciales, ya en que las uniprovinciales -Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja- esa administración fue absorbida por la autonómica. Aparte está el caso del País Vasco -régimen foral- y de las islas Canarias y Balears -con sus cabildos y consells insulares-.
Rubalcaba, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, ha echado cuentas y dice que renovar las diputaciones supondría un ahorro de mil millones de euros y de mil cargos políticos.
Debate
Hay otras cuentas que ya están echadas, como la de los presupuestos de esas 38 administraciones que, según los datos de 2010, gestionan casi 6.500 millones de euros, de los que unos 2.000 millones (algo más de un 30%) son gastos de personal.
Aunque están fuera de debate, las tres diputaciones vascas, con amplias competencias en materia fiscal, contaron el pasado año con un presupuesto de 13.325 millones y los cabildos y consejos insulares de 634 millones.
Según datos de 2010, los últimos oficiales disponibles, las diputaciones, cabildos y consejos cuentan con 76.151 trabajadores públicos, lo que supone sólo el 2,8 por ciento del total de empleados públicos. De ese total, 30.406 son funcionarios, 36.733 personal laboral y 9.012 otro personal.