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Los afectados por el caos aéreo de diciembre demandarán a AENA

Los controladores afirman ante el juez que abandonaron sus puestos de trabajo por estrés

El abogado Luis Vericat representa a los afectados por el caos aéreo. | Juan M. Espinosa

| Madrid |

La Agrupación de Demandantes Afectados por el caos aéreo del pasado mes de diciembre presentará una demanda administrativa por daños y perjuicios contra Aena al entender que la empresa pública es «totalmente responsable» del «paro salvaje» de los controladores, que se podía haber evitado.

Así lo ha avanzado Luis Vericat, abogado del bufete Cremades y Calvo Sotelo, que representa a esta agrupación a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid donde ayer prestaron declaración en calidad de imputados dos controladores de los centros de control aéreo de Barajas y Torrejón.

Vericat ha asegurado que Aena es «totalmente» responsable de lo que sucedió en aquellos días, ya que en ningún caso «puede hablar de fuerza mayor» porque, a su juicio, el paro de los controladores «era previsible y se podía haber evitado».

«No supo gestionar ese problema que tenía», ha subrayado el abogado, que ha anunciado que pedirá una indemnización de 10.000 euros por viajero únicamente en concepto de daños morales.

«Es una cantidad razonable, aunque no hay dinero para pagar lo que los afectados pasaron esos días», ha insistido.

Según Vericat, la agrupación que representa reúne a 10.000 afectados por el caos aéreo de los pasados 3 y 4 de diciembre, lo que supondría un monto cercano a los 100 millones de euros en indemnizaciones.

Primeras declaraciones

Los primeros controladores aéreos en declarar ante la juez por la huelga encubierta del pasado mes de diciembre han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo por baja médica debido al estrés laboral en el que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno. De este modo, han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto, que provocó que Aena ordenara el cierre del espacio aéreo, que el Gobierno decretara el estado de alarma y que todo ello perjudicara a más de 600.000 personas en toda España.

La magistrada había citado ayer a cuatro de los dieciséis controladores que se enfrentan a los delitos de sedición y abandono de sus puestos de trabajo.

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