El pleno del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad la reforma de la ley electoral que permitirá la publicación del patrimonio de los diputados y senadores a través de las páginas web de las dos cámaras.
La reforma ha sido apoyada por los 343 diputados presentes en la votación.
La Cámara Baja permitió ayer la tramitación «exprés» de esta modificación de la ley electoral, que tras su aprobación de hoy en lectura única pasa ahora al Senado.
Ambas Cámaras dieron la semana pasada los primeros pasos para suprimir los privilegios en el régimen de pensiones de diputados y senadores, reducir al máximo los casos en que se les autorizan actividades privadas y abordar la reforma legal urgente que permita dar publicidad a sus bienes patrimoniales.
Las propuestas concretas fueron planteadas por el presidente del Congreso, José Bono, y el del Senado, Javier Rojo, en una reunión de las Mesas Conjuntas de ambas Cámaras, y las trasladaron a los grupos parlamentarios, que en principio ven con buenos ojos, aunque alguno abogó incluso por medidas más duras.
Por el momento, el resultado más palpable de estos cambios será la reforma aprobada hoy, por la que los ciudadanos podrán conocer en las web oficiales de las dos Cámaras legislativas con qué bienes y renta cuentan los diputados y senadores.
En el texto de la reforma, que firmaron todos los grupos, se señala que poner un «velo protector» sobre el patrimonio de los parlamentarios, más que proteger su intimidad, puede dar lugar a maledicencias, o considerarse un «indicio sospechoso de comportamientos repudiables».
Con la publicación, además, se pretende «liberar» a los parlamentarios de «injustificables valoraciones negativas» que se hacen muchas veces sobre la clase política.
Prejuicios que, insiste el texto, sólo pueden arraigar en una opinión pública poco informada, y por eso se apuesta por publicar el patrimonio en las web y en el Diario Oficial de las Cortes Generales
Negociación colectiva
El grupo parlamentario socialista ha sido hoy el único que ha votado a favor de la convalidación del real decreto-ley de reforma de la negociación colectiva del Gobierno, que ahora será tramitado como proyecto de ley ante la demanda de los diferentes partidos.
La reforma del Gobierno ha salido adelante por 169 votos a favor (PSOE), 159 en contra (PP, ERC, IU-ICV, BNG y UPyD) y 20 abstenciones (CiU, PNV, CC y UPN).
Las abstenciones de CiU y del PNV, que no han estado claras hasta el último momento, han permitido al Gobierno pasar el trámite de la convalidación, al que ahora seguirá la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, tras ser acordado así casi por unanimidad.
En la defensa de la norma, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, pidió a los grupos su apoyo ante la actual coyuntura económica «problemática» y para reforzar la confianza externa en la economía española.
Gómez explicó que los cuatro rasgos que caracterizan la reforma son la profundidad, la eficacia, el equilibrio y el respeto.
En cuanto a los objetivos principales destacó que son ordenar la estructura de la negociación, lo que supone colocar al convenio de empresa como «eje central», y el darle más flexibilidad a las empresas para organizarse sin que los trabajadores pierdan derechos.
En una de sus múltiples réplicas, Gómez reiteró a los grupos parlamentarios la disposición del Gobierno a que el decreto-ley que reforma de la negociación colectiva sea tramitado como proyecto de ley para que se pueda mejorar el texto.
El ofrecimiento de Gómez se produjo en paralelo a las reuniones de última hora que el Ministerio de Trabajo tenía con CiU y PNV para que apoyaran o se abstuvieran en la convalidación del real decreto ley.
La portavoz del PP Fátima Báñez subrayó que el debate de hoy muestra la debilidad del Gobierno, que ya no cuenta con apoyos claros y añadió que la reforma es un trámite para salir del paso y cumplir con el calendario de Bruselas.
Desde CiU, Carles Campuzano indicó que el decreto es un fracaso del Gobierno, «que planteó tarde la reforma y no supo poner de acuerdo a las partes».
Emilio Olabarria, del PNV, afirmó que el Gobierno se ha tomado a cachondeo la negociación y destacó la capacidad del Ejecutivo para dejar insatisfecho a todo el mundo.
El diputado de IU-ICV Gaspar Llamazares resaltó que el decreto ley supone un nuevo sacrificio inútil a los mercados y un recorte desequilibrado
Por parte de ERC, Joan Ridao criticó al Gobierno, «que cada vez que legisla a espaldas lo estropea todo», y a la patronal, que se «envalentonó» después de las elecciones locales y autonómicas.
Dentro del grupo Mixto, Rosa Díez, de UPyD, destacó que la negociación colectiva es el primer fracaso del Gobierno «de la etapa pos Zapatero» y Carlos Salvador, de UPN, aseguró que es una reforma que llega tarde y que es un tanto corta.
Desde CC, Fernando Ríos mostró su desacuerdo porque el Gobierno ignore a las comunidades autónomas, y en el mismo sentido se manifestó por parte del BNG Olaia Fernández Davila, quien criticó la desprotección a los trabajadores, frente al beneficio a la clase empresarial.