El Gobierno se mostró ayer abierto a cambiar la reforma de la negociación colectiva mediante la introducción de enmiendas de los partidos políticos durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. De hecho, el Ejecutivo, tras comprobar su soledad, ya ha empezado a cambiarla tras incluir en el texto, una rebaja de los 20 meses previstos en el borrador de la reforma, a un periodo de entre 12 y 18 meses del plazo que tienen patronal y sindicatos para negociar un nuevo convenio.
Pasado ese período, las partes tendrían que someterse a un arbitraje, que sería vinculante, para evitar que los juzgado de lo social deban resolver tantos conflictos. Este cambio está más próximo al planteamiento de la patronal, según explicó ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tras la reunión que mantuvo con los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, para informarles del borrador de la reforma.
Desvinculados
Después de la reunión, ambos representantes sindicales advirtieron de que no se sienten vinculados ni comprometidos con la reforma que plantea el Gobierno pese a que consideran que «ha salvado algunos muebles», como señaló Ferrer, en referencia a la prórroga automática de los convenios (la ultraactividad). Tanto UGT como CCOO creen que el Gobierno se equivoca si busca «un ejercicio de equilibrio y funambulismo» porque corre el peligro de no contentar a ninguna de las partes y consideran que el proyecto que aprobará mañana el Consejo de Ministros no corresponde al principio de acuerdo que se alcanzó con la patronal.
Por otra parte, creen que para crear empleo, más que reformas del mercado de trabajo, es necesario que las empresas y las familias tengan acceso a crédito y que se acometa una profunda reforma fiscal.