El Gobierno pretende que las empresas de más de 500 trabajadores que realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) a empleados de más de 50 años corran con los costes de esas prejubilaciones, en el caso de que hayan obtenido beneficios en los dos últimos años.
La enmienda al Proyecto de Ley de reforma de las políticas activas de empleo propone que esas compañías tengan que efectuar una «aportación económica» al Tesoro Público para compensar el impacto de su decisión en el sistema de protección por desempleo.
Si las empresas o grupos empresariales de más de 500 trabajadores que hayan obtenido beneficios en los dos últimos años pretenden realizar ERE que afecten a empleados de más de 50 años, tendrán que pagar. Es lo que refleja la enmienda al Proyecto de Ley de reforma de las políticas activas de empleo que ha presentado el Ejecutivo.
Beneficios
Según el documento, se considerará que un negocio ha obtenido beneficios cuando el resultado del ejercicio sea positivo. Así es como se define en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
Los ERE deberán afectar, al menos, a 100 trabajadores en un periodo de referencia de tres años, con independencia del número de mayores de 50 años que se vean afectados.
El texto recoge que las compañías tendrán que efectuar una «aportación económica» al Tesoro Público para compensar el impacto de su decisión en el sistema de protección por desempleo.
Finalmente señalar que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó ayer que el próximo Consejo de Ministros aprobará por real decreto-ley el plan del Gobierno para aflorar el empleo sumergido.
El titular de Trabajo subrayó que no estaba previsto que este proyecto del Gobierno fuera sometido a un «período de negociación» con los interlocutores sociales.