La crisis nuclear que sufre Japón ha cuestionado la capacidad de los reactores para soportar las embestidas de los desastres naturales, por lo que el Gobierno español ha decidido verificar la fortaleza de sus plantas ante terremotos e inundaciones.
Así lo anunció ayer en el Congreso el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que explicó que su departamento ha encargado una revisión completa de los ocho reactores operativos en España, así como informes complementarios sobre los riesgos sísmicos y de inundaciones a los que puedan estar sometidos.
La revisión comenzará por la central de Cofrentes (Valencia), cuya vida útil se prorrogó diez años el día antes del accidente nuclear en la central japonesa de Fukushima, que posee el mismo tipo de reactor que la planta valenciana.
El anuncio del ministro se produjo en respuesta a una pregunta del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que comparó la actitud del Gobierno ante la crisis nuclear con la que tuvo ante la crisis económica: «Cruzarse de brazos», «minimizar» la gravedad, y, finalmente, «no hacer nada en el momento oportuno». Sebastián insistió en que «no es el momento» de abrir un debate sobre la energía nuclear.
También en el Parlamento, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, abogó por reforzar al máximo la seguridad de las centrales. El presidente opinó el cierre en 2013 de la central burgalesa de Garoña -con un reactor gemelo al de Fukushima- es «razonable» tras 42 años de funcionamiento.
Llamamiento a la sensatez
El PP, a través de su portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó «serenidad y sensatez», mientras que el diputado de CiU Josep Antoni Duran Lleida apeló a la serenidad y a que toda reflexión sobre este tema se enmarque en «las necesidades energéticas futuras».
Aprovechando que la Comisión de Industria del Congreso aprobó el martes el Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares, que establece un régimen de responsabilidad limitada para los titulares de las centrales de 1.200 millones de euros, Greenpeace exigió al Parlamento que la responsabilidad civil sea «ilimitada» en caso de accidente.
Tanto esta organización como otros colectivos sociales y ecologistas han convocado para hoy movilizaciones en 20 ciudades españolas para expresar su solidaridad con el pueblo japonés y pedir al Gobierno que cierre de inmediato la central de Garoña y de forma escalonada los otros siete reactores operativos.
Para tranquilizar a la población, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) descarta que una hipotética nube tóxica procedente de Japón pueda alcanzar el territorio español.