El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, pidió ayer al Gobierno una normativa que impida que las personas tengan que seguir pagando sus deudas hipotecarias aunque se hayan visto obligadas a entregar sus viviendas a los bancos.
Esta propuesta es una de las cuestiones principales que estudia la comisión ejecutiva de la FEMP, que ayer se reunió en Vitoria para analizar también otras cuestiones relacionadas con la calidad del aire de los municipios y la ley antitabaco y para exigir al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los partidos políticos pactos para impulsar el empleo.
Comisión ejecutiva
Momentos antes del comienzo del encuentro de la FEMP, Castro compareció brevemente ante los medios de comunicación, junto al alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, para dar cuenta de los asuntos que va a abordaría la comisión ejecutiva de la Federación de Municipios.
Avanzó que este órgano de dirección debatiría sobre la deuda hipotecaria con el fin de pedir al Gobierno central un desarrollo de la normativa que «permita eliminar» las situaciones «tremendamente duras» que sufren las familias que no pueden afrontar los pagos y se ven obligadas a devolver a los bancos sus viviendas y además a seguir pagando las deudas.
Al respecto, el alcalde de Vitoria opinó que este sistema bancario «espanta a cualquiera», pero pidió «prudencia» porque cualquier cambio normativo requiere pensar en las consecuencias y «no se puede dejar» que las entidades decidan no dar créditos salvo en determinadas condiciones.
Sobre la ley antitabaco, Castro adelantó que se pedirá a todos los ayuntamientos que den facilidades a los hosteleros para habilitar espacios fuera de los locales para fumadores y reclamó que se flexibilicen las ordenanzas municipales.
También el presidente de la FEMP valoró que los ayuntamientos «por primera vez» vayan a participar en «igualdad de condiciones» con comunidades autónomas y Administración central para desarrollar políticas de calidad de aire.
En cuanto al empleo, Castro recordó que los ayuntamientos han invertido en 2010 para este fin en torno a 572 millones de euros sin tener para ello ni competencias ni transferencias en políticas activas.