El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró ayer que no hay negociación del Gobierno con ETA y garantizó que, si la organización tiene un plan B o C para estar en las instituciones, hay resortes legales que lo impedirán.
«Respecto a la negociación, jamás se me ha reconocido ninguna, yo no tengo ninguna información de que se esté produciendo», aseveró Trillo en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que hizo hincapié en que, mientras exista ETA, «de la izquierda abertzale no nos creemos nada, absolutamente nada».
Federico Trillo dijo que la semana pasada la posición del Gobierno respecto a Sortu no era «clara» y el PP le exigió que la aclarara y «dijera algo más» de lo que transmitiría a los tribunales. «El Ministerio del Interior fue claro: dijo que era evidente que era continuadora de Batasuna y ahora lo apoyan los informes. Ese es el camino, en el que no se debe dar ni un paso atrás».
No obstante, recordó que la semana pasada el tema estaba «confuso» y que, por primera vez desde el Pacto Antiterrorista, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso «se utilizó el terrorismo y la política antiterrorista para arrojarla contra el PP».
Informes
Confió en que la Abogacía del Estado, la Fiscalía y el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, «estén a la altura» en el proceso de ilegalización de Sortu, y dijo que los informes policiales que demuestran la continuidad de este partido con Batasuna «no hacen sino confirmar lo que decía el sentido común».
Respecto al 'caso Faisán', Trillo aseguró que, ante los nuevos datos que está desvelando la instrucción judicial, su partido no descarta «para nada pedir nuevas imputaciones». Insistió en distinguir la responsabilidad penal de la política, cuyo grado máximo es la pérdida del cargo, y el mínimo, «una explicación».