El juez Pablo Ruz rechazó ayer citar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde cuyo teléfono se hicieron llamadas a los imputados por el «chivatazo» que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, al estimar que su testimonio sería «irrelevante».
El informe concluye que las llamadas a los imputados de los usuarios de esos teléfonos -Camacho y un inspector de Policía destinado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, porque el tercer número era el de la centralita del Ministerio- fueron «esporádicas» y se ajustaban «al normal proceder entre los interlocutores (...) con motivo de sus responsabilidades oficiales».
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, realizó ayer una enérgica defensa de la «honorabilidad» de su 'numero dos', Antonio Camacho, en relación con el 'caso chivatazo' y exigió que se disculpen quienes le han calumniado.
Subordinados
No obstante, eludió poner la mano en el fuego por que ningún subordinado estuviese implicado en la delación que frustró la operación policial contra la red de extorsión de ETA.
Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha afirmado que su formación no va a «consentir» que el llamado caso del 'chivatazo' a ETA en el bar Faisán en 2006 «quede sin investigación, sin depuración de responsabilidades políticas y, si corresponde, sin castigo».
González Pons se ha mostrado convencido de que en el caso Faisán «se va a llegar a la verdad». «Si no es temprano, será tarde, aunque espero que sea temprano», ha declarado, tras quejarse de que en este momento «la investigación no pone a disposición del juez cuanta información pueda tener».