El Gobierno Vasco propondrá un canon para las viviendas que, sin causa justificada, permanezcan vacías durante más de dos años y establecerá el derecho subjetivo a la vivienda para las personas con mayores dificultades de acceso y riesgo de exclusión social.
Así se contempla en el anteproyecto de ley vasca de vivienda que dió a conocer ayer el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, y que se presentará al Consejo de Gobierno para su aprobación a finales de año.
Hasta entonces, además de los procedimientos internos del propio Gobierno, se va a someter al debate de los ciudadanos, que podrán presentar sus propuestas a través de internet, y a la negociación con los ayuntamientos y partidos.
Protección pública
El anteproyecto tiene como principal objetivo, según ha explicado Arriola, convertir el derecho a una vivienda en «auténtico derecho exigible ante los tribunales para aquellas personas con mayores dificultades de acceso».
Además, pretende regular el régimen jurídico de la vivienda de protección pública, reformular y reordenar los sistemas de prestaciones púbicas existentes de ayuda a la vivienda, regular la intervención en rehabilitación y regeneración urbana para eliminar obstáculos a estos procesos y definir el alcance del concepto de «función social de la vivienda».
El anteproyecto establece el derecho subjetivo a la vivienda para aquellos colectivos cuyo acceso al mercado libre les podría hacer caer en riesgo de exclusión social.
Vecidad
Para que la administración reconozca este derecho el ciudadano tendrá que tener vecindad administrativa en Euskadi, carecer de vivienda digna y no disponer de medios económicos para acceder a una vivienda libre, estar inscrito en el registro de Etxebide y tener unos ingresos determinados.
Mientras no se apruebe el correspondiente reglamento, se establecería que los solicitantes deberán estar registrados en Etxebide al menos cuatro años antes y los ingresos no deberán superar los 15.000 euros para familias de 3 o más miembros, los 12.000 de 2 miembros y los 9.000 de 1 miembro.
La satisfacción del derecho se realizaría con la puesta a disposición del solicitante de una vivienda en alquiler o, en su defecto, de una prestación económica.