La mayoría de los Ejecutivos autonómicos, entre ellos el balear, coinciden en que las arcas públicas no tienen dinero para financiar los fármacos para dejar de fumar, pese a que la ministra de Sanidad, Leire Pajín, se haya planteado en algún momento incluirlos en los servicios del sistema sanitario.
En el caso hipotético de que los 12 millones de fumadores que viven en España decidieran cortar con la nicotina, apoyados por una terapia farmacológica que puede costar 300 euros por persona, la Sanidad pública tendría que desembolsar 3.600 millones de euros.
Mientras que los gobiernos de Cataluña y Madrid no se han pronunciado sobre esta posibilidad, fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES) han confesado que no tienen intención de financiar unos productos que, actualmente, abonan los interesados.
Crisis
La Consejería de Sanidad de Murcia se ha situado en la misma línea, dados los ajustes económicos derivados de la crisis y sus problemas de déficit, según un portavoz.
El responsable cántabro de Sanidad, Luis Truan, ha descartado la medida porque «no es el momento de incluir muchas más financiaciones» cuando toca apretarse el cinturón.
No obstante, el Gobierno de Cantabria sufraga una parte de estos medicamentos a los pacientes hospitalizados por problemas derivados del tabaquismo, con una inversión anual de 90.000 euros.
Más deuda farmacéutica
La directora de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, María Nieves Domínguez, cree que volver a incrementar el gasto farmacéutico necesitaría de una «importante reflexión», dado que actualmente hay que garantizar la «sostenibilidad» del sistema.
El Ejecutivo canario está a favor de la iniciativa aunque reconoce que no existen medios económicos para poder asumirla. Por ello, sostiene que cualquier medida que tome Sanidad debe de ir acompañada de una financiación específica.
La Junta de Castilla y León no aceptará un posible «yo invito y tu pagas» por parte del Ministerio, según ha dicho el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de esta Comunidad, César Antón, quien ha advertido que si el Gobierno se decide por ello debe de hacerlo sin pasar la factura a las autonomías.
La Generalitat Valenciana considera que en la actual situación de crisis económica «no se puede ampliar» la cartera de servicios de la Sanidad Pública.