La Audiencia Provincial de Castellón ha acordado sobreseer libremente la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por impagos fiscales de los ejercicios 2000 a 2003, y continuarla por el supuesto tráfico de influencias.
Así lo ha resuelto en un auto contra el que «no cabe recurso alguno» y que estima parcialmente las demandas expuestas por Carlos Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, en el recurso de queja presentado contra la resolución del Juzgado número 1 de Nules que acordaba continuar con la causa.
El auto indica que los delitos fiscales supuestamente cometidos por Fabra y Fernández entre los ejercicios 2000 y 2004 deben considerarse «prescritos» dado que no ha existido denuncia ni acto de interposición judicial respecto a ellos.
Desde el PP, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, se congratuló de la decisión, afirmando que del mismo modo que es bueno para Fabra y sus amigos, es una «mala noticia para los fan de los banquillos mediáticos, que en España los hay y muchos».