La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que están acogidos unos veinte millones de hogares y pymes, subirá una media del 9,8% a partir del 1 de enero.
La propuesta de subida planteada por el Ministerio de Industria recibió ayer el visto bueno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Se trata de la mayor subida porcentual desde que se inició la liberalización del sector eléctrico en 1997, aunque durante los gobiernos del PP (1996-2004) los incrementos del recibo de la luz estaban limitados al 2%, que era el objetivo de inflación marcado por el Banco Central Europeo (BCE).
La TUR, que se revisa trimestralmente, es desde julio de 2009 la única tarifa eléctrica que aprueba el Gobierno.
A ella pueden acogerse los abonados con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (27 millones), que, no obstante, también pueden optar por contratar su suministro en el mercado libre.
Bono social
La subida de la luz no afectará a los titulares del bono social, que está congelado y del que pueden beneficiarse los usuarios con potencias inferiores a los 3 kilovatios, así como los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas y quienes perciban pensiones mínimas.
El Gobierno calcula que pueden acogerse al bono social unos cinco millones de usuarios, aunque actualmente lo disfrutan unos tres millones, según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La TUR se compone de los peajes eléctricos (55 %), que remuneran los costes regulados del sistema (como transporte, distribución o primas a las renovables), y del coste de la energía (45%), cuya evolución depende en gran parte del resultado de unas subastas para el suministro a tarifa (CESUR).
Para la revisión de enero, el Ejecutivo ha decido congelar los peajes, mientras que, según el sector, el coste energético se ha disparado un 16% por la subida de los precios fijados por subasta (entre el 1,8% y el 4,3%), el aumento del consumo en las horas más caras por la llegada del invierno (que encarece la energía un 9%) y el sobrecoste de determinados servicios (3%).
A todo ello hay que añadirle, según las eléctricas, otro 3 % por el aumento en un 72% de los pagos por capacidad para hacer frente a los incentivos al consumo de carbón nacional.