Tras los desencuentros de la pasada legislatura y una vez aparcado el proyecto de Ley de libertad religiosa, la llegada del Papa Benedicto XVI a España coincide con un periodo de calma en las relaciones entre el Gobierno y las instituciones eclesiásticas.
El próximo sábado, en Santiago de Compostela, no podrá esperarle como estaba previsto María Teresa Fernández de la Vega, responsable de las relaciones con la Iglesia hasta la reciente remodelación del Ejecutivo, y ocupará su lugar el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba.
De la Vega, encargada durante años de mantener vivo el diálogo con el Vaticano mientras se sucedían las discrepancias con la Conferencia Episcopal Española en torno a las leyes aprobadas por el Gobierno, ha dejado el listón alto y hasta el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, agradeció su «inteligencia y sensibilidad» hacia la Iglesia tras conocer su marcha.
Legislatura
Como manifestó el embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, las relaciones en la actualidad entre España y el Vaticano son «magníficas y no hay ninguna cuestión que perturbe» la visita del Pontífice.
De hecho, Vázquez dejó claro que en lo que queda de legislatura no está previsto hablar de la polémica ley de libertad religiosa, con lo que «no hay ningún proyecto de ley que pueda alterar ese escenario de tranquilidad».
Zapatero estará en Barcelona cuando concluya la visita papal para despedir en el aeropuerto a Benedicto XVI, quien le recibió en el Vaticano el pasado mes de junio en un clima de «cordialidad».
A pesar de abordar asuntos espinosos, ambas partes subrayaron la «corrección» que presidió el encuentro.
Esa ha sido la tónica de las relaciones del Gobierno con la Santa Sede mientras la Conferencia Episcopal Española se enfrentaba al divorcio, el matrimonio homosexual, la experimentación con embriones, la Educación para la Ciudadanía o el aborto.
Ante las declaraciones de los obispos, que incluso se manifestaron en la calle contra alguna de las leyes más polémicas del Ejecutivo, el Gobierno mantuvo su respeto al derecho de la Iglesia a opinar sobre los asuntos sociales, pero hizo siempre hincapié en que los encargados de legislar, sin injerencias, son el Ejecutivo y el Parlamento.