La Comisión de Trabajo del Senado aprobó ayer el proyecto de ley de reforma laboral con el respaldo del PSOE, Entesa Catalana de Progrés y Grupo Mixto, la abstención de senadores nacionalistas (PNV y BNG) y CiU, y el voto en contra del Partido Popular (PP).
Aunque el resultado de la votación fue un empate (12 a favor, 12 en contra y dos abstenciones), el proyecto de ley fue finalmente aprobado al tratarse de un voto ponderado (que asigna un valor determinado al voto en función de la representación de cada grupo), por lo que si se traslada la consulta al pleno equivaldría a 129 sufragios a favor y 123 en contra.
El hecho de votar en bloque impidió a ERC e ICV (incluidos en Entesa) mostrar su rechazo al proyecto en su conjunto, así como a algunas enmiendas apoyadas por su grupo, como la que rebaja a 30 días el plazo en el que los desempleados pueden rechazar ofertas de formación sin ser sancionados, que fue aceptada por todos los grupos.
El proyecto de ley volverá al Congreso el próximo 9 de septiembre, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva.
La enmienda que rebaja el plazo para que los parados no acepten la formación fue finalmente apoyada por el PP, al incluir su petición para que las acciones de mejora de la ocupabilidad «se correspondan con su profesión habitual (del desempleado) o sus aptitudes formativas según lo determinado en el itinerario de inserción».
El PP apoyó también cuatro enmiendas del PNV y BNG, que salieron adelante a pesar de la oposición del PSOE. La del BNG establece que en el caso de desempleo parcial el paro cobrado se calcule por horas y no por días, de forma que el porcentaje de la prestación consumido sea equivalente al de reducción de jornada.
De fijos a temporales
Otras tres son del PNV, entre ellas la que restringe la conversión en trabajadores fijos a sólo los temporales que hayan realizado «idéntica actividad y en el mismo puesto» con contratos encadenados durante tres años, ampliables a otro más. Asimismo, los nacionalistas vascos han conseguido eliminar como causa legal de despido que el absentismo laboral global de una empresa llegue al 2,5%.
Asimismo, todos los grupos suscribieron la enmienda que eleva a dos meses el plazo en el que es obligatorio cubrir la extinción de los contratos fijos para las empresas que estén acogidas a bonificaciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social por la contratación indefinida.