La Comisión de Trabajo del Senado aprobó hoy el proyecto de ley de reforma laboral con el respaldo del PSOE, Entesa Catalana de Progres y el Grupo Mixto, la abstención de Senadores Nacionalistas (PNV y BNG) y CiU, y el voto en contra del Partido Popular (PP).
Aunque el resultado de la votación ha sido un empate (12 a favor, 12 en contra y dos abstenciones), el proyecto de ley fue finalmente aprobado al tratarse de un voto ponderado (que asigna un valor determinado al voto en función de la representación de cada grupo), por lo que si se traslada la consulta al pleno equivaldría a 129 sufragios a favor y 123 en contra.
El hecho de votar en bloque impidió a ERC e ICV (incluidos en Entesa) mostrar su rechazo al proyecto en su conjunto, así como a algunas enmiendas apoyadas por su grupo, como la que rebaja a 30 días el plazo en el que los desempleados pueden rechazar ofertas de formación sin ser sancionados, que fue aceptada por todos los grupos.
Al haber sido enmendado en la Cámara alta, el proyecto de ley volverá al Congreso el próximo 9 de septiembre, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva.
La enmienda que rebaja el plazo para que los parados no acepten la formación fue finalmente apoyada por el PP, al incluir su petición para que las acciones de mejora de la ocupabilidad «se correspondan con su profesión habitual (del desempleado) o sus aptitudes formativas según lo determinado en el itinerario de inserción».
El PP apoyó también cuatro enmiendas del PNV y BNG, que salieron adelante a pesar de la oposición del PSOE.
Una de ellas es del BNG y establece que en el caso de desempleo parcial el paro cobrado se calcule por horas y no por días, de forma que el porcentaje de la prestación consumido sea equivalente al de reducción de jornada.
Otras tres son del PNV, entre ellas, la que restringe la conversión en trabajadores fijos a sólo los temporales que hayan realizado «idéntica actividad y en el mismo puesto» con contratos encadenados durante tres años, ampliables a otro más.
Asimismo, los nacionalistas vascos han conseguido eliminar como causa legal de despido que el absentismo laboral global de una empresa llegue al 2,5%.
Junto con la enmienda que rebaja el plazo para que los parados no acepten la formación, también fue unánime el apoyo a otra transaccional del PSOE por la que el Gobierno se da un plazo de doce meses para revisar las condiciones laborales y mejorar la empleabilidad de personas discapacitadas.
Asimismo, todos los grupos suscribieron la enmienda que eleva a dos meses el plazo en el que es obligatorio cubrir la extinción de los contratos fijos para las empresas que estén acogidas a bonificaciones en el pago de cuotas a la Seguridad Social por la contratación indefinida.
En lo que respecta a la intermediación laboral, el PSOE ha aceptado incluir que ésta tenga consideración de «servicio de carácter público» con independencia del agente que la realice.
Al margen de las transaccionales, el PSOE logró aprobar todas sus enmiendas, entre las que se incluye la que obliga a pagar en dinero a las trabajadoras del hogar el salario mínimo interprofesional (633 euros).
La senadora socialista Matilde Fernández se mostró satisfecha por haber conseguido en el Senado los mismos apoyos obtenidos en el Congreso.
«A la izquierda no nos suelen gustar las reformas laborales por ley, preferimos buscar el acuerdo de empresarios y sindicatos, pero cuando no queda más remedio que traer al Parlamento la reforma laboral nos alegra que al final hayamos conseguido el objetivo de buscar muchos equilibrios entre unos intereses y otros», sentenció.