La defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, que está dispuesta a seguir al frente de la institución, asegura que tiene el «pulso firme» para tomar las decisiones pertinentes en cada caso y apela a la Constitución como eje de las reglas de juego democrático.
«Sé que ésta es una institución en la que tiene que predominar la independencia. Sé que muchas veces se tienen que tomar decisiones y resoluciones que no gustan a todos, pero entiendo que la defensa de los derechos fundamentales implica muchas veces hacer de 'mala'».
Nacida, criada y educada en Barcelona, en una familia catalana de varias generaciones, Cava de Llano comenta su primera decisión conocida públicamente, y que ha generado controversia.
Se trata del recurso que ha presentado recientemente contra la Ley de Acogida de Catalunya en el Tribunal Constitucional por atribuir ésta «preferencia» al catalán sobre el castellano en la atención que reciben los inmigrantes en esa comunidad y también los españoles que regresan a ella.
«Encantada»
Aunque lamenta que haya tenido que ser así, más aún porque en Catalunya están enterrados desde sus padres hasta sus tatarabuelos, insiste Cava de Llano en que ella es una «enamorada» de la institución del Defensor, especialmente de su «independencia», así que estaría «encantada» de continuar si así lo decidieran las Cortes Generales. «Y tengo -apostilla- el pulso firme para adoptar la resolución que en cada momento haya que adoptar».
En funciones desde el 1 de julio pasado, tras acabar el mandato de diez años de Múgica, Cava de Llano justifica el recurso contra la ley catalana citada en consonancia con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d' Autonomia de Catalunya de esa comunidad, en concreto con la cooficialidad lingüística.
«Entendemos que (la Ley de Acogida) -explica- establece una preferencia lingüística a favor del catalán sobre el castellano, tanto en la formación como en la información y en la prestación de servicios de primera acogida para inmigrantes y para personas regresadas a Cataluña» de nacionalidad española.
Este aspecto, asegura, «va en contra del artículo 3 de la Constitución» (referido al castellano como lengua oficial del Estado, el deber de conocerla y el derecho de usarla y a las otras lenguas oficiales en las respectivas CCAA).
Cava de Llano agrega que esa preferencia es «contraria» a la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, que «ha anulado el carácter preferente» que se pretendía dar al catalán, pues la cooficialidad de las dos lenguas implica la posibilidad de usarlas y corresponde al ciudadano «decidir» por cuál opta.
«Lo que el Constitucional ha dicho -precisa- es que la definición de catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición sobre el castellano».