Comunidades del PP se resisten a aplicar la nueva ley del aborto

EFE-MADRID
La nueva ley del aborto entró en vigor ayer con la resistencia de las comunidades de Murcia, Galicia y Navarra que han mostrado su rechazo a la norma, mientras que el Gobierno confía en que en todas las autonomías se aplicará «con toda normalidad» y «sin mayores problemas».
El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, afirma que la práctica de abortos en Navarra «va a seguir siendo la misma», es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como ha explicado la consejera de Salud.
Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, asegura que «no hay razones para acatar» la ley del aborto puesto que ésta «todavía no está en su punto y final», debido a que el Tribunal Constitucional (TC) no ha decidido sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra.
Mientras que Galicia no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto del Gobierno estatal, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de ayer. Aunque la Consellería de Sanidade sostiene que cumplirá «escrupulosamente» la ley española.
Primero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y poco después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, han defendido la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, a su entender, está destinada a prevenir embarazos no deseados y reducir el número de abortos.
Ambos, así como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se han mostrado convencidos de la constitucionalidad de la ley y han subrayado que ésta ofrece más protección tanto a las mujeres como a los profesionales.
La portavoz de Política Social del Partido Popular, Sandra Moneo, ha manifestado que las comunidades autónomas 'populares' «harán el máximo esfuerzo» para ofrecer a todas las mujeres y todos los jóvenes «una alternativa» distinta al aborto frente a los embarazos.
Por su parte, el vicepresidente tercero del Consell valenciano, Juan Cotino, ha pedido al Tribunal Constitucional que paralice la aplicación de la ley porque «abre la puerta al aborto libre» y ha señalado que la norma estatal entra en «contradicción» con la aprobada por el Gobierno valenciano de protección a la maternidad, por lo que ha afirmado que estudiarán el texto del Gobierno central.