El emplazamiento que Batasuna ha hecho a ETA para que declare una tregua llega en el tramo final de una carrera que comenzó hace diez meses y en la que ambas organizaciones se disputan soterradamente el liderazgo de la izquierda abertzale. Durante este periodo, el partido ilegalizado ha avanzado en las condiciones fijadas por la banda en su última hoja de ruta, articulando una mediación internacional y alcanzando un acuerdo con Eusko Alkartasuna.
Pero el obstáculo se presenta cuando la organización terrorista, como ya ocurrió en el anterior proceso de paz, se erige en garante de los acuerdos alcanzados y reclama una participación directa, incluso antes de declarar una tregua. Lo cierto es que ahora parece que ETA frena a Batasuna para que siga acercándose a los partidos nacionalistas, en este caso a EA.
En medio de esta situación, ETA ha decidido sacar provecho de un nuevo ámbito de actuación: el de las víctimas abertzales. Así se desprende de documentos incautados recientemente, que revelan que la organización terrorista ha ordenado a la izquierda abertzale crear su propia asociación de víctimas, montando la estructura y lanzando un manifiesto fundacional. Pretenden contrarrestar la presión de la AVT de cara a una hipotética negociación con el Estado y para ello quieren legitimar y equiparar a sus víctimas con las que la propia banda ha provocado.
Planificación
Para lograr estos objetivos, la banda tiene muy avanzada ya la planificación de quienes formarían parte de esa organización de víctimas abertzales, de cómo debe ser la estructura y hasta cuánto dinero es necesario para pagar sufragar ordinario de la misma. Incluso prevén contar con subvenciones públicas para financiarla.
ETA considera que la 'nueva organización de víctimas' debería tener una composición «ideológicamente plural» en la que se incluirían varios tipos de víctimas. Por un lado, la organización terrorista quiere integrar a los familiares de militantes de ETA, de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, o de Iraultza -una organización terrorista surgida a principios de los ochenta y que centraba su actividad en intereses económicos de la llamada oligarquía vasca-, que hubieran fallecido mientras se encontraban participando de las actividades de la organización, o estando en prisión por supuestos malos tratos. En este cupo también incluyen a los familiares de los que han fallecido estando huidos en otros países, deportados o desaparecidos.
ETA quiere contar también en esta asociación con las familias de las víctimas de organizaciones como los GAL, la Triple A, los Guerrilleros de Cristo Rey o el Batallón Vasco Español o de lo que ellos denominan «incontrolados uniformados».