El juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, acordó hoy la inhibición parcial a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) de la investigación que sigue para su unión a las diligencias previas que se instruyen en dicho tribunal por un presunto delito de cohecho impropio, según un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En el auto, el juez esgrime que esta decisión está encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana.
El magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. Además, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.
El juez también advierte que de los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales.
Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.
La inhibición se realiza después de que el Supremo reabriera la causa contra Camps y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Delitos electorales
Así, el juez pide la acumulación de los delitos electorales sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007. Esgrime que estos delitos están vinculados con el pago de servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de los citados comicios. «La deuda que el citado partido habría contraído con la mercantil se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria», señala el juez.
Añade que «esa deuda del PPCV -en cuantía de, al menos, 345.200 euros-, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades».
«Facturas que, en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PP de la Comunidad Valencia en cuanto cancelan una deuda de éste».
«Estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas formuladas por el PP de la Comunidad Valenciana, como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el PPCV», agrega. Así, asegura que Ricardo Costa y Vicente Rambla eran los gestores del pago de la totalidad de la deuda del PPCV con Orange Market, según la documentación intervenida.
Irregularidades en contratación y cohecho propio
En el auto, el juez solicita la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana. En concreto, el juez alude a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.
Indica que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros datos, la intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el Gabinete del Presidente.
En este punto, el juez se refiere a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 que pone de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad Valenciana. «La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia.
Plantea comprobar la relación entre los regalos y Camps
Según el auto, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece «nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia».
Así, resalta que «la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento» de Valencia impone «su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como con la Administración de dicha comunidad autónoma», a fin de «comprobar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia y los cargos que ocupaban en el PP y en la Generalitat valenciana Rafael Betoret --ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo--; Víctor Campos --ex vicepresidente del Consell de la Generalidad--; Ricardo Costa --ex secretario general del PP y diputado regional de Valencia-- y Francisco Camps, presidente de la Generalitat».
Delitos contra la Hacienda
Asimismo, el juez cita de nuevo el informe de la unidad de auxilio judicial de la AEAT de 6 de mayo de 2010 para corroborar los datos y conclusiones expuestos por la unidad de auxilio judicial de la UDEF, de 31 de julio de 2009, respecto a la facturación, en el año 2007, de la mercantil Orange Market S.L. al PP de la Comunidad Valenciana.
El instructor entiende que los hechos expuestos podrían ser constitutivos de dos delitos electorales sancionados en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; de delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre el Valor Añadido y de Impuesto sobre Sociedades de 2007 de la sociedad Orange Market S.L. y de delito de falsedad docimental.
«Una de las personas que aparece como partícipe en estos delitos es Ricardo Costa Climent», a quien se le imputa en Valencia la percepción de regalos por parte de responsables de Orange Market. Por esas dádivas, uno de los delitos que se le imputan es el de cohecho.
Camps se siente acosado
Tras conocer la decisión del magistrado, Camps ha asegurado que todo es «un montaje, de una terrible falsedad, que acabará en nada» porque «no hay absolutamente nada». Además, ha lamentado que es objeto «de un acoso sin parangón en la historia de la democracia española» aunque lo afronta» con tranquilidad».
Camps, aseguró a los medios de comunicación que su gobierno «adjudica y gestiona más de 16.000 millones de euros» y en este caso, se está hablando «de 80 contratos en seis años» y de una «pretendida financiación» irregular de los populares valencianos que, según él, se ha «demostrado, sindicada y fiscalizada, que no es así».
«Seguiré dándoles todas las explicaciones que quieran. No hay nada que ocultar ni esconder», manifestó el jefe del Consell, quien añadió que desconoce el tiempo que se tardará en que se sepa «la verdad», aunque consideró que se trata de un «proceso mediático» y manifestó que confía en los jueces.
"Juicio mediático"
Para Camps, «esto se ha convertido en un juicio mediático» y «sería muy interesante que todos atendiesen también las razones de quienes tenemos los informes, la tranquilidad de la fiscalización debida, las cuentas claras y de quienes hemos demostrado con auditorias y con informes una y otra vez que las cuentas del PP y las adjudicaciones de la Generalitat son correctas».
También aseguró que seguirá dando «todas las explicaciones que quiera y que crean convenientes porque no hay nada que ocultar», reiteró, y apuntó que no sabe «el tiempo que tardaremos en que al final se sepa la verdad y alguien diga que el juicio se ha acabado y que la Administración autonómica y el PP no tiene ni tacha ni matiz alguno».
"Absoluta legalidad"
Por su parte, el PP de la Comunitat Valenciana reiteró este miércoles la «absoluta legalidad» de sus cuentas y rechazó «cualquier acusación de financiación ilegal» tras la decisión del Pedreira. Así, desde las filas populares reiteraron que no existe financiación irregular en el partido y que las cuentas de la formación están «perfectamente auditadas y fiscalizadas por los órganos competentes».
Los populares valencianos también reiteraron que las cuentas son «fiscalizadas anualmente por el Tribunal de Cuentas» y que las cuentas referidas a las campañas electorales autonómicas son «auditadas, de manera independiente, por la Sindicatura de Cuentas autonómica». Asimismo, recordó que, en todos los caso, «los órganos de control han ratificado la legalidad de las gestión del partido».
Apoyo unánime
La dirección nacional del PP quiso mostrar este miércoles su apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps ya que aseguran que las declaraciones del popular tras conocer la decisión de Pedreira han sido «acertadas», en especial el hecho de que recordara que hay que ponerlo en su justo valor en comparación con las supuestas adjudicaciones de la trama 'Gürtel'.
Sin embargo, el delegado del Gobierno de la Comunitat, Ricardo Peralta, manifestó que esta decisión «confirma la peor de las hipótesis para Camps y los otros cargos del PP implicados», al tiempo que pidió al jefe del Consell, que la Generalitat quede «liberada» y no tenga que acompañarle «en el tránsito judicial que todavía le queda».