La Fiscalía pide al Supremo la absolución de Garzón en la causa del franquismo

La Fiscalía ha reclamado la absolución del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que el Tribunal Supremo ha abierto juicio oral por prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, al considerar que los hechos no constituyen delito de prevaricación.
Así consta en el escrito de calificación provisional que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido a la sala de lo penal del Alto Tribunal.
La Fiscalía indica que «sin delito y sin autor no es posible solicitar la imposición de pena alguna». El escrito recuerda que en diciembre de 2006 entraron en la Audiencia Nacional, a través del juzgado de guardia, una serie de denuncias vinculadas a hechos criminales acaecidos en España a partir del 18 de julio de 1936 cuya investigación podría corresponder, a través de las normas de competencia, a los órganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional.
Turnadas las denuncias mediante reparto, a través del juzgado central de instrucción Decano, correspondió la investigación de las mismas al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Garzón, según recuerda el escrito, abrió diligencias previas, de lo que se dio conocimiento a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
«A partir de ese momento, el magistrado instructor comenzó la adopción de una serie de resoluciones tendentes, básicamente a la ratificación de los denunciantes y que dado su número se sucedieron a lo largo de 2007 y 2008», añade.
Competencias
También explica que por providencia de 16 de noviembre de 2007 Garzón solicitó un informe sobre competencia al Ministerio Fiscal, quien alegó que carecía de competencia para conocer de las denuncias presentadas.
No obstante, Garzón inició una serie de actuaciones tendentes a delimitar el número de víctimas y finalmente dictó un auto declarándose competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
También acordó una serie de resoluciones «en estricto cumplimiento de las normas procesales (averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes art. 299 Ley Enjuiciamiento Criminal)».