El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró ayer «su respeto» a los sindicatos CCOO y UGT por las movilizaciones que puedan convocar contra las medidas para recortar el gasto público, entre las que no se descarta una huelga general.
Así lo aseguró en concreto el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien dijo que no descarta una huelga general ante la «absoluta disconformidad» de los sindicatos con las medidas del Gobierno, si bien pidió tiempo para no tomar una decisión precipitada.
De esta forma se expresó Toxo durante la rueda de prensa junto con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, tras reunirse en La Moncloa con el presidente del Gobierno.
Mientras CCOO y UGT deciden sobre el tipo de protestas, las federaciones de servicios públicos de ambos sindicatos ya han anunciado la convocatoria conjunta de un paro para el 2 de junio para los trabajadores del sector público, y han invitado al sindicato de funcionarios, CSI-CSIF, a unirse.
Toxo admitió que las centrales sindicales «estudian un proceso de movilización, como ya hay en el sector público, que puede derivar en una convocatoria de paro general».
De urgencia
Desde UGT, Méndez anunció que hoy se reunirá la Comisión Ejecutiva confederal del sindicato con carácter extraordinario para analizar «el nivel de respuesta» ante las medidas gubernamentales, aunque no dudó de que «se hará de forma conjunta con CCOO».
Por su parte, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró ayer que el «país no está en estos momentos para ningún tipo de huelga» sino todo lo contrario, por lo que pidió «sumar esfuerzos» y «hacer piña» para salir de la crisis.
Díaz Ferrán así lo estimó tras reunirse durante una hora y media en La Moncloa con Zapatero para analizar el paquete de medidas de recorte del gasto público y que valoró «en su conjunto positivo».
En el encuentro también participó el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Jesús Bárcenas.
Asimismo, Díaz Ferrán anunció que los empresarios han propuesto a Zapatero disminuir el gasto en ayuda oficial al desarrollo y limitarlo a 2.500 millones de euros para 2010 y 2011.
Por su parte el vicepresidente Mabuel Chaves remarcó que «a toda la ciudadanía se le pide un esfuerzo, al igual que a los altos cargos públicos de la Administración central, que verán reducido su sueldo entre un diez y un 15 por ciento» y se mostró convencido de que todos los altos cargos públicos de las distintas administraciones «harán ese gesto de solidaridad».