Tras aprobarse el miércoles en el Congreso una iniciativa del grupo de ERC-IU-ICV, transaccionada por el PSOE, instando al Gobierno a que se retiren los símbolos religiosos de los centros educativos, ayer se encendía un vivo debate sobre la titularidad de los colegios a los que afectaría la medida.
La propuesta final pide trasladar la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de una sentencia que establece que la presencia de crucifijos en las aulas vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos al restringir el derecho de los padres de educar a los hijos en sus propias convicciones y de libertad religiosa del alumnado.
El portavoz del PSOE en el debate, el diputado Luis Tomás, aseguró que la resolución se refiere, «en principio, a los centros públicos», pero indicó que el PSOE «no ha debatido» ni tiene «un pronunciamiento» sobre si afecta a los colegios públicos, privados o concertados, Mientras, el representante de ERC, Joan Tardà, recalcó que el texto pactado hablaba de «todos los centros». «Todos sabíamos lo que votábamos», sentenció.
El ministro de Educación, Angel Gabilondo, recordó que la proposición acelerará los trámites para que se establezca la Ley de Libertad Religiosa», que tendrá en cuenta tanto «la situación social» como las «creencias de una sociedad que hoy es también plural desde el punto de vista religioso».
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló que el Gobierno «estudiará» la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y que si el Ejecutivo «tiene que incorporarla» a la Ley de Libertad Religiosa buscará «el máximo consenso» con todas las fuerzas políticas. Además, aseguró que cualquier medida que se adopte respetará el «ideario» de los centros docentes. En cuanto a si la retirada de crucifijos afectaría sólo a colegios públicos o también a los privados, indicó que esto «es adelantarnos muchísimo».
Mientras, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, tras señalar que, hasta donde ella sabe, la proposición solo afecta a las escuelas públicas, afirmó que en un Estado aconfesional como España rige el principio de que a las escuelas les corresponden «el conocimiento, los libros y la educación» y que la religión corresponde «a los templos y al espacio privado de cada ciudadano».