La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, presentó ayer el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, aprobado por el Gobierno, que limitará el pago a proveedores de la Administración de 60 a 30 días, mientras que el sector privado también se verá limitado a un máximo de 60 días. Además, se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas en tiempo y forma.
La Ley también modificará la Ley del Mercado de Valores, que obligará a las sociedades cotizadas a elaborar un informe que recoja la remuneración de los consejos de administración y los equipos directivos que deberá someterse a votación ante los accionistas. En cuanto a la comercialización de planes y fondos de pensiones, las entidades deberán proporcionar a Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros.
Se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará tanto los programas de gasto como la estructura y procedimiento de los diversos ministerios y organismos públicos con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas.
Según la ministra, la nueva Ley servirá para generar «actividad, empleo, riqueza y bienestar» en términos de país. «No se puede hablar del coste, sino del impulso de la actividad», aseguró Salgado, quien explicó que se trata de un «proyecto extraordinariamente ambicioso».
La Ley de Economía Sostenible contempla la reducción de plazos para la creación de empresas con la reforma de la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 3.100 y 30.000 euros, con un coste máximo de 250 euros y de un día de plazo cuando el capital se sitúe entre los 3.000 y los 3.100 euros, con un coste máximo de 100 euros. En este tipo de empresas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La nueva legislación recoge medidas fiscales de impulso de la I+D+i, la rehabilitación de viviendas, el alquiler y la mejora del medio ambiente. Así, se eleva a la mitad el porcentaje de deducción en el Impuesto de Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8% al 12%; se incrementa al límite máximo de la deducción (60%) de la cuota íntegra minorada en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa; se mantiene la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades, que estaba previsto que desapareciera en 2011, y se incrementa pasando del 4% al 8%.
Del mismo modo, se modifica la deducción por la adquisición de vivienda habitual para las rentas inferiores a 24.107 euros anuales a partir del 1 de enero de 2011 y se igualará fiscalmente el alquiler con la compra de la vivienda, al establecer este mismo límite para la deducción por alquiler. Sobre la rehabilitación de las viviendas, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar un IVA reducido para las obras de rehabilitación de domicilios y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida.