El PSC suspenderá de militancia a todos sus afiliados que estén imputados en la 'Operación Pretoria', incluido el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, mientras que CDC prefiere no actuar contra sus dos encausados para respetar su presunción de inocencia.
Las detenciones de militantes socialistas del área metropolitana de Barcelona junto a los convergentes Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, que ocuparon destacados cargos en los gobiernos de la Generalitat presididos por Jordi Pujol, han provocado un gran revuelo en la clase política catalana.
El secretario de organización del PSC, José Zaragoza, anunció que si la «autoridad judicial toma medidas» contra Bartomeu Muñoz y otros militantes, el PSC pedirá la renuncia de sus cargos públicos y les expulsará del partido. El presidente de la Diputación de Barcelona, el socialista Antoni Fogué, sustituirá a Bartomeu Muñoz.
Fuentes del PSC, señalaron que Fogué compaginará su actual cargo al frente de la Diputación con el de primer edil. Se da la circunstancia de que Fogué, en la actualidad concejal, es marido de Manuela de Madre, histórica alcaldesa de la localidad a quien precisamente sucedió Muñoz en 2002.
Por parte de CDC, su secretario general adjunto, Felip Puig, ha reclamado que se respete la presunción de inocencia tanto de los dos ex altos cargos de su partido que tuvieron responsabilidades de gobierno, como también del resto de detenidos. Puig también instó al presidente de la Generalitat, José Montilla, a hacer autocrítica «en su casa» (PSC), después de que durante varias semanas este partido haya sometido a Convergencia y a su fundación (Trias Fargas) a «juicios paralelos» y se hayan «encarnizado» por el Caso Millet.