El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Modernización de la Justicia, que prevé un incremento del 19% de la actual planta judicial entre este año y el 2012. Esta medida supone la creación de 910 nuevas unidades judiciales y, «por primera vez en 30 años de democracia», según el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la acción concertada de todos los sectores implicados en este ámbito, es decir, Gobierno, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía y profesionales implicados.
El plan, que contiene 24 programas de actuación y 146 medidas concretas, tendrá un coste de 600 millones de euros hasta el final de la legislatura, cifra que fue garantizada por la propia vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado.
Para el período 2010- 2012 se crearán un total de 600 nuevas unidades judiciales (150 de ellas jueces de adscripción territorial, sin juzgado asignado, para cubrir vacantes y refuerzos), a razón de 200 unidades al año. Esta cantidad, sumada a los incrementos producidos en 2008 (160) y en 2009 (150), supondrá al finalizar el período 920 unidades judiciales adicionales.
Correlativamente, se convocarán 750 nuevas plazas de jueces (250 por año), aproximándonos más a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes. Se crearán 450 plazas en la carrera fiscal y 800 para el Cuerpo Superior de Secretarios Judiciales.
Además, la totalidad de las salas de vista contarán con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias, y todos los juzgados dispondrán de sistemas informáticos avanzados adaptados a las nuevas leyes procesales.
Por lo que se refiere a las comunicaciones y notificaciones judiciales, en 2012 el cien por cien de éstas se llevarán a cabo electrónicamente mediante correo telemático (lexnet).
Otra de las novedades es la implantación del EJIS (Espacio Judicial de Interoperatividad y Seguridad) y las plataformas electrónicas de intermediación, que permitirán que todos los tribunales españoles puedan trabajar en red, superando así las actuales incompatibilidades entre los diferentes sistemas de las comunidades autónomas.