Las violaciones de dos niñas en los últimos días cometidas supuestamente por sendos grupos de menores ha reabierto el debate sobre la necesidad de endurecer las consecuencias previstas en la Ley del Menor para los autores de estos delitos, sobre todo cuando son menores de 14 años.
Unicamente los menores de 14 quedan exentos de esa exigencia de responsabilidad por los delitos que cometen porque el legislador consideró que, cuando las infracciones son cometidas por niños que no alcanzan esa edad, se debe buscar la solución en el ámbito educativo y familiar.
Desde el Ejecutivo, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, considera que hay «respuestas contundentes en el ordenamiento jurídico actual para el comportamiento de menores con esta gravedad».
El PP ha anunciado que en septiembre pedirá en el Parlamento una reforma de la Ley del Menor para «proteger a las víctimas más vulnerables» y para «acotar la impunidad», ya que considera que se debería poder imputar a los menores de 14 años.
Sobre esta propuesta, Campo ha indicado que el Gobierno «valorará la situación como ha hecho siempre y no legislará al socaire de acontecimientos tan trágicos como éstos».
En el mismo sentido, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, se ha mostrado abierta al debate sobre una reforma de la Ley del Menor, pero sin dejarse llevar por casos puntuales.
En el sector judicial, las asociaciones de jueces se encuentran divididas. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha señalado que la solución no se encuentra en un cambio de las leyes, sino en una mejora de la educación.
Jueces Para la Democracia (JpD) ha resaltado que una reforma de la Ley del Menor no debería hacerse nunca «al socaire de asuntos luctuosos».
Por el contrario, el Foro Judicial Independiente (FJI) se ha mostrado partidario de una modificación de la ley «que distinga entre delitos menores y delitos graves como el asesinato o la violación».
También es favorable a una reforma de este tipo la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que no ve ningún problema en rebajar la edad de imputabilidad de los 14 a los 13 años.