Las críticas dentro del PSOE por la planificación y estrategia de la campaña electoral del 7-J, lejos de amainar, cada vez alcanzan mayor virulencia. El ex presidente Felipe González ha reconocido que «se ha cometido un error en el enfoque de la campaña» a las elecciones europeas que ha desembocado en una elevada abstención, aunque «ese error no lo paga todo el mundo por igual porque al PP no le ha pasado factura».
Otros dos líderes históricos socialistas; el ex vicepresidente del Ejecutivo y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, y el ex ministro de Administraciones Pública y Educación, y actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, se han sumado a las críticas.
Alfonso Guerra no oculta en la revista Tiempo su discrepancia por la forma en que su partido ha gestionado la ultima campaña electoral. Para el ex número dos socialista fue «un error» introducir un tema «muy polémico» como la reforma de la ley del aborto. «Son ganas de pagar una factura de una ley que aún no ha sido siquiera debatida», explica.
Desafecto
Añade en el semanario que la pérdida del PSOE puede explicarse «por el desafecto que provoca la crisis económica, el incremento del paro y algunos errores estratégicos», como el de la citada reforma, contestada desde amplios sectores sociales.
Jerónimo Saavedra, por su parte, concentró sus críticas en el candidato socialista para las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar. Así, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria dijo en Radio Nacional que no se siente «orgulloso» de la trayectoria de su compañero de partido como secretario general del PSC y criticó el que haya «enfrascado» la campaña para las elecciones europeas en torno a la corrupción.
En una entrevista con Iñaki Gabilondo en el canal de televisión Cuatro, Felipe González se mostró critico con la actuación del gobierno Zapatero en materia de diálogo social y acusó al Ejecutivo de no adoptar medidas inmediatas con el «pretexto» de consensuar una reforma laboral con los sindicatos.
Según González, «estamos perdiendo un tiempo precioso porque el Gobierno tiene la posibilidad lógica desde el punto de vista político de hacer una propuesta de reforma a los interlocutores sociales (patronal, sindicatos, etc.), llevarla al Parlamento y que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponda».