Los grupos parlamentarios aprovecharon la tramitación en el Congreso de las reformas para modernizar la Justicia para incluir en ellas una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de limitar la aplicación de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal se aplica actualmente en la Audiencia Nacional, donde se tramitan causas que afectan a países como China, Israel o Estados Unidos. La mayoría de los jueces de instrucción de este tribunal se manifestaron en contra de esa limitación a excepción del nuevo presidente, Angel Juanes, que cree que debe acotarse a los casos que impliquen «intereses nacionales».
El acuerdo entre PP y PSOE, negociado por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y consensuado con la mayoría de los grupos, consiste en la presentación de un paquete conjunto de enmiendas al proyecto de ley que desarrolla la implantación de la Oficina Judicial, en las que, además de las reivindicaciones de los jueces, se incluye la reforma de la jurisdicción universal.
Modificaciones
El texto de la enmienda propone la modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, entre otros.
La modificación prevista limita en esta materia la actuación de los tribunales españoles a los casos en los que quede acreditado que los presuntos responsables del delito se encuentran en España o que existen víctimas españolas.