El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, expresó ayer su voluntad de poner «el contador a cero» tras reunirse con las asociaciones judiciales, a las que anunció la próxima convocatoria de 220 plazas de jueces y que mantendrán la competencia de fijar los señalamientos de juicios.
Caamaño y los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente mantuvieron ayer la primera reunión formal desde el nombramiento del ministro, de la que todos han destacado el diálogo y la voluntad de colaboración.
Respecto a la huelga de jueces para el 26 de junio, el ministro insistió en que ayer se dio un paso importante para ponerse a trabajar conjuntamente, mientras que las asociaciones confiaron en que no sea necesario acudir a esta medida de presión.
La primera de las medidas propuestas fue ampliar en la próxima convocatoria de 150 a 220 las plazas de jueces y de 83 a 150 las de fiscales. Además, para que estas plazas sean efectivamente cubiertas y no queden vacantes, se permitirá a los opositores que no hayan superado el último examen y sí los anteriores reservar la nota más alta para la siguiente convocatoria.
El Ministerio atendió también una de las principales reivindicaciones de los jueces, que se mantenga su competencia para señalar la agenda de juicios.
Caamaño explicó que, al estar el proyecto en trámite parlamentario, intentará consensuar con los grupos una enmienda para conciliar esta competencia de los jueces con las funciones atribuidas a los secretarios judiciales.
También se decidió la creación de un grupo de trabajo específico, que comenzará a funcionar el próximo martes, para estudiar las propuestas de conciliación de la vida laboral y familiar en la carrera judicial, donde el 66 por ciento de los jueces son mujeres.
Otros compromisos fueron el estudio de fórmulas para reducir los jueces sustitutos e incentivar las sustituciones entre titulares, acometer un plan urgente para la informatización integral de la Justicia y diseñar una nueva ley de Planta y Demarcación.
Las propuestas del ministro fueron acogidas con «optimismo» por las asociaciones judiciales, que destacaron que este nuevo marco de cordialidad y voluntad negociadora podría permitir que la huelga anunciada para junio «no sea necesaria».