La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer abrir una investigación sobre el cobro por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de algo más de 160.000 euros (200.000 dólares) durante su estancia académica en Estados Unidos. Esta decisión llega a la vista del auto dictado ayer por el Tribunal Supremo en el que se sugiere que el magistrado podría haber incurrido en una falta disciplinaria al no haber comunicado dicha circunstancia al órgano de gobierno de los jueces. De este modo, el TS entregará los documentos al CGPJ, informes que especifican las cantidades relacionadas con la estancia del magistrado en este centro académico.
Fuentes del CGPJ señalaron ayer que el órgano de gobierno de los jueces abrirá una investigación sobres este caso, apuntando que esta decisión supone transformar en diligencias informativas el expediente sobre este asunto que se venía tramitando en el órgano de gobierno de los jueces bajo la denominación de información previa.
Precisamente ayer la Inspección del Consejo proponía archivar la citada información previa, que fue abierta el pasado mes de noviembre a raíz de una denuncia que presentó un abogado alicantino ante el CGPJ contra Garzón por los mismos hechos. En esta denuncia, idéntica a una querella ante el Supremo que ha sido finalmente archivada, se acusaba al magistrado de cohecho y prevaricación por haber haber recibido supuestamente 1'7 millones de dólares del BSCH por la presentación de un ciclo de conferencias en Estados Unidos, celebrado durante la licencia por estudios de la que disfrutó el juez en dicho país. Sin embargo, ahora, el CGPJ se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo le remita la documentación que le fue enviada por la Universidad de Nueva York en el curso de la tramitación de la querella antes señalada. Los documentos especifican las cantidades relacionadas con la estancia del magistrado en este centro académico.
En el auto de archivo de la querella dado a conocer el lunes, el alto tribunal considera que los hechos denunciados por el letrado alicantino carecen de relevancia penal, si bien advierte que la ocultación por parte del juez de las cantidades que percibió del Centro Rey Juan Carlos I de España y el Centro de Derecho y Seguridad de la universidad de Nueva York podría ser determinantes de responsabilidad ante el CGPJ.