El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó ayer que tiene intención de impulsar en dos meses una reforma de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectan a trabajadores mayores de 50 años y que penalizaría a las empresas que «abusan» de las prejubilaciones.
En una entrevista en TV3, Corbacho dijo que «a muchos trabajadores entre los 53 y los 61 años afectados por un ERE no les es rentable trabajar porque, al aceptar un nuevo empleo, pierden el convenio firmado con la empresa» en la que habían trabajado.
Con el fin de evitar esta situación, el ministro propuso que se «congelen los beneficios de los convenios» en caso de que estos empleados afectados por un ERE vuelvan a trabajar, pudiendo «recuperar los beneficios» en caso de perder nuevamente el empleo antes de los 61 años, edad en que se puede pedir la prejubilación.
Corbacho ha advertido también de que la presentación de un ERE por parte de una empresa que se encuentra en beneficios «no puede costarle dinero a las administraciones públicas».
En este sentido, indicó que es favorable a «penalizar a las empresas que abusen de las prejubilaciones a los 50 años», e insistió en que «una empresa que jubile a personas de 50 años debería ser penalizada, no premiada».
Corbacho admitió que «hay que combatir esta idea cultural de que las personas de 50 años ya no sirven para nada» porque «a los 50 años se está en la plenitud de la vida, y es cuando la experiencia acumulada puede servir más». Estas dos medidas deberían ser aprobadas «urgentemente», manifestó.
El ministro declaró que «no puede certificar» si se llegará a la cifra de cuatro millones de parados, aunque se mostró optimista en que las medidas «frenarán el aumento de desocupados».
En este sentido, declaró que «un país con tres millones de parados no puede seguir contratando trabajadores fuera» si hay parados en España "inmigrantes o no" que pueden realizar estos trabajos, en los sectores de la construcción, la restauración o las tareas domésticas.