Las cuatro asociaciones de jueces han acordado convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el «malestar» y «hartazgo» de la carrera y han advertido de que si no se cumplen sus reivindicaciones convocarán una huelga para el día 26 de junio.
Ésta es una de las conclusiones de la reunión que celebró ayer la Comisión Interasociativa Permanente, compuesta por los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI).
Con esta iniciativa pretenden evitar que el próximo 18 de febrero los jueces vayan a la huelga, medida sin precedentes que han aprobado algunas juntas de jueces como las de Murcia o Extremadura y que será estudiada por éstas el próximo día 21.
Según explicó el portavoz de la AJFV, Lorenzo del Río, el objetivo del citado acto de protesta, que podría consistir en una concentración de cinco minutos o un cuarto de hora en las sedes judiciales, es «demostrar a la opinión pública el sentimiento generalizado» de la carrera judicial.
En esta reunión se consensuó una tabla común de reivindicaciones, entre las que se encuentra la urgente instauración de la nueva Oficina Judicial, la incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados y una revisión en profundidad de la actual planta judicial.
Para las asociaciones de jueces es necesario que se adopten medidas de presión para la consecución de dichos objetivos y así han acordado el acto reivindicativo, que, según Del Río, estará precedido de una rueda de prensa conjunta en Madrid.
El acuerdo también incluye el anuncio de la convocatoria de huelga para el próximo 26 de junio «si no hay antes respuestas satisfactorias a estas reivindicaciones».
Los representantes de las asociaciones trasladaran ahora su propuesta a las respectivas ejecutivas para que sea ratificada antes del próximo 6 febrero y, en caso de no conseguir esa ratificación, «cada asociación actuará con plena libertad de decisión y actuación».
Las asociaciones, que representan al cincuenta por ciento de la carrera judicial, trasladarán este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia a fin de que fijen un calendario de negociación y «derivados compromisos públicos».
Desde el PSOE avisan: «según la Constitución eso no es posible» y yo espero que los jueces cumplan con las leyes». Preguntado por el posible paro de los magistrados durante una rueda de prensa en Ferraz, José Blanco recordó que la Carta Magna no contempla el derecho de huelga para los jueces y magistrados y mostró su esperanza en que éstos «cumplan con las leyes».
Por su parte, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, rechazó ayer una posible huelga de jueces porque considera que no es «el medio adecuado» para el Estado de Derecho, aunque aseguró compartir su preocupación ante la «grave situación» de falta de medios personales y materiales de la administración de justicia.