El Gobierno reformará la ley para echar a ANV de las alcaldías. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de anunciar que en su reunión de ayer el Consejo de Ministros tomó la determinación de impulsar «cambios legales» con el objetivo de «impedir que representantes de una formación ilegalizada puedan gobernar municipios». Una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para actuar contra quienes «amparan con su ominoso silencio» la violencia etarra y a quienes «el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego».
Y precisamente de eso, de que ANV salga de las alcaldías, depende que se mantenga e incluso se mejore la armonía y la buena sintonía que reina entre Gobierno y oposición en materia antiterrorista, según advirtió ayer la número dos del PP, María Dolores de Cospedal.
Por otra parte, miles de vecinos de Azpeitia repudiaron a ETA en la manifestación que recorrió esta localidad guipuzcoana tras el funeral oficiado en la iglesia parroquial, donde dieron su último adiós a Ignacio Uría. El silencio se apoderó de este municipio, cuya basílica se encuentra a poca distancia del lugar donde el pasado miércoles cayó abatido a tiros el empresario.
Tanto en el exterior del templo, donde cientos de personas siguieron por megafonía la homilía del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, como a lo largo de la manifestación, que hizo un largo recorrido por el municipio, sobraron las palabras.
La viuda, Manoli Aramendi, sus hijos y las decenas de familiares que integran su extensa familia estuvieron arropados durante las tres jornadas de luto por la incesante visita al velatorio de cientos de vecinos, amigos y personas relacionadas con la empresa Altuna y Uría que dirigía el fallecido. Anoche, la viuda entró al templo visiblemente abatida y, al término del oficio religioso, acompañó al féretro hasta el cementerio, donde tuvo lugar el entierro en la intimidad.
El obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, destacó en su homilía que Ignacio Uría fue «abatido como una pieza de caza», «tiroteado como un criminal». El prelado también se refirió al trazado ferroviario de alta velocidad en el que trabajaba la empresa de Ignacio Uría y denunció que se pretenda neutralizar «por la fuerza» y con derramamiento de «sangre» un proyecto que está «avalado democráticamente».