El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ayer en la reunión del Consejo Territorial de Dependencia los topes mínimos y máximos de la cuantía que deberá pagar el beneficiario por las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia según su capacidad económica.
Las personas dependientes con una renta inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), a 516'90 euros, quedarán exentas del copago. Por encima del IPREM entrarán en consideración distintos criterios. Por ejemplo, Ejecutivo y autonomías han fijado que la vivienda sólo computará para calcular la capacidad económica del usuario en caso de que éste viva solo y solicite plaza en una residencia.
Cumpliendo con los requisitos y umbrales mínimos y máximos, las comunidades determinarán la participación concreta de los beneficiarios en la cofinanciación de los servicios de la ley. «Así hemos establecido una reglas del juego comunes que hay que cumplir», subrayó la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, al término del Consejo Territorial.
«Estos acuerdos garantizan las prestaciones y servicios de calidad de acuerdo con la capacidad económica de las personas dependientes y, por tanto, nadie se quedará fuera», aseveró.
El acuerdo del copago era uno de los últimos flecos pendientes por desarrollar de la Ley de Dependencia "vigente desde 2007" y recibió el voto favorable de diez comunidades (las gobernadas por el PSOE y Navarra) y seis abstenciones de las autonomías presididas por el PP y la de Canarias.