La Justicia argentina resolvió ayer intervenir Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans, a solicitud del Gobierno de Cristina Fernández para «garantizar el normal funcionamiento» de la compañía, según el secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime.
Jaime, que se presentó ayer en la sede corporativa de la línea aérea, en Buenos Aires, para notificar de la medida judicial a la empresa, explicó que la intervención judicial fue adoptada a pedido de la Secretaría de Transportes.
Normal funcionamiento
Según el ministro argentino, la medida se decidió para garantizar «el normal funcionamiento» y la capitalización de la aerolínea y después de la reunión del directorio de Marsans celebrada el pasado martes, en la que el grupo español quiso nombrar gerente adjunto a uno de sus directivos, Jorge Molina, con las mismas capacidades que el gerente general, Julio Alak.
Jaime señaló que, tras la intervención, Alak se mantiene como gerente general y se ha designado al funcionario de la Secretaría de Transportes José Luis Perrone como veedor para observar por el correcto funcionamiento de la empresa.
Fuentes de la Secretaría de Transportes apuntaron que en los próximos días, el Gobierno dará pasos para impulsar la capitalización de la compañía por considerar que con las cantidades aportadas hasta ahora "unos 222 millones de dólares" puede distribuir las acciones y hacerse con el control de la aerolínea sin llegar a una expropiación.
La decisión judicial se conoce horas después de que el grupo español enviara una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la que advertía de que si no se llegaba a un acuerdo «amistoso» en el plazo de una semana por la controversia en torno a Aerolíneas, demandaría al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial.
Marsans tomó la decisión luego de que una comisión parlamentaria recomendara el martes pasado a las cámaras del Legislativo debatir una ley para expropiar Aerolíneas y su subsidiaria Austral en vistas al fracaso de las negociaciones para que el traspaso de esas firmas al Estado argentino se hiciera mediante una compraventa.
Por su parte, el Gobierno español insiste en que confía en que se pueda alcanzar una «solución negociada» en el contencioso sobre Aerolíneas Argentinas, después de que la Justicia de este país ordenara intervenir la compañía, controlada por el grupo español Marsans, informaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Gobierno español se ha puesto en contacto con el Ejecutivo argentino para evaluar el impacto de la intervención judicial, decretada a petición del gabinete que dirige la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según las fuentes, el Gobierno está «a la espera de conocer el contenido y el alcance de la medida».
El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, se ha mostró ayer «alarmado» por la decisión de la Justicia argentina. Gustavo de Arístegui rechazó el «intervencionismo» del Ejecutivo argentino por una motivación de orden «populista», cuando «las cosas van mal» y tiene problemas de «imagen».
A su juicio, la intervención judicial de la compañía aérea «perjudica a la credibilidad de la economía argentina» y «manda un mensaje muy negativo» a los inversores en este país.