El Gobierno recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional la Ley que convoca una consulta popular en el País Vasco el próximo 25 de octubre sobre el diálogo y la normalización, argumentando que se trata de un referéndum ilegal cuya convocatoria es exclusiva competencia del Estado.
El recurso de inconstitucionalidad, presentado por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, asegura que la Ley del Parlamento vasco, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad, «es, con toda claridad, un referéndum consultivo» en el que se pregunta a los ciudadanos vascos sobre asuntos de trascendencia para toda España.
Asimismo, considera que la consulta planteada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, viola el espíritu constitucional de unidad y soberanía nacional y ha incumplido el reglamento del Parlamento vasco en su tramitación.
A juicio del Gobierno también son contrarias a la Constitución las preguntas que plantea el lehendakari en su consulta y así lo expone en el recurso de inconstitucionalidad la Abogacía General del Estado.
La reclamación del Ejecutivo considera que preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con que los partidos vascos «sin exclusiones inicien un proceso de negociación» sobre el derecho a decidir del pueblo vasco supone una violación de la Constitución, que atribuye la soberanía nacional al pueblo español (y no a una parte del mismo), y atenta contra la unidad de la Nación española.
Sólo unas horas después de que el Gobierno registrara el escrito, el Partido Popular presentaba su propio recurso de inconstitucionalidad contra la consulta vasca basado, precisamente, en «la defensa de la soberanía del pueblo español». Al igual que el Ejecutivo, el PP cree que la pregunta sobre el «proceso de final dialogado de la violencia con ETA» elude la voluntad del pueblo español en su conjunto y concede a la organización terrorista el carácter de sujeto válido de interlocución política.