La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer, en la vista de apelación al auto de archivo dictado en noviembre pasado, la reapertura del caso de las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas del accidente del Yakovlev-42. Según el teniente fiscal, Fernando Burgos, los mandos militares realizaron las identificaciones de forma «arbitraria», por lo que podría existir «dolo falsario».
Por su parte, los familiares de los militares fallecidos de aquel trágico suceso que aconteció el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) denunciaron la, a su juicio, «finalidad espuria» que perseguían los mandos militares en el proceso de identificación de los cadáveres.
Durante la vista de apelación celebrada ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Burgos reclamó la reapertura de la investigación, al considerar que en la identificación de los cuerpos hubo «una mutación de la verdad» en unos documentos «con trascendencia jurídico-pública y jurídico-privada», lo que demuestra, a su entender, «dolo falsario» por parte de sus autores.
En esta línea, la Fiscalía imputa un delito de falsedad documental al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y a los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico José Saéz.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía, cuando los cuerpos de los 62 militares fallecidos llegaron a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), el 28 de agosto de 2003, el general Navarro «rellenó los espacios que se encontraban en blanco» en el listado de víctimas elaborado por las autoridades turcas y españolas, tras ordenar la realización de las necropsias a los cadáveres no identificados y emitir los correspondientes certificados de defunción. En Turquía no se asignaron identidades a 30 cuerpos porque, según explicó Burgos, «no hubo tiempo para hacerla».