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El tripartito vasco anuncia contundencia en su respuesta al juicio a Ibarretxe

El Gobierno autonómico se alinea con Aralar y EHAK para mantener las ayudas a los presos de ETA

EFE-VITORIA
El tripartito vasco PNV, EA y EB va a responder con «absoluta serenidad pero con contundencia» a la apertura del juicio oral contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse con dirigentes de Batasuna.

El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Egibar, compareció ayer junto con el secretario general de EA, Unai Ziarreta, y el dirigente de EB, Antton Karrera, para dar a conocer esta posición, tras una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno para analizar el juicio contra el lehendakari.

Tras la cita, Egibar explicó que van a mantener sucesivos contactos para definir la «respuesta» a este juicio en los ámbitos institucional, político y de «movilización», aunque ha descartado concretar nada todavía.

El portavoz nacionalista explicó que la comisión va a hacer un «seguimiento puntual» sobre el transcurso del procedimiento judicial y, «ante la gravedad de los hechos», anunció que «no vamos a permitir» lo que considera un «ejercicio permanente de intrusión de estamentos judiciales en la política y la democracia».

Avanzó que no esperarán a que se conozca la fecha de la celebración del juicio en el Tribunal Superior para convocar las iniciativas que consideren oportunas.

Por otra parte, el Gobierno vasco se alineó ayer con Aralar y EHAK para rechazar una propuesta consensuada entre PSOE y PP para retirar dos subvenciones por valor de 16.000 euros a la asociación de presos de famliares de ETA Etxerat. A juicio de los socialistas, estas ayudas son como aportar subvenciones a organizaciones salafistas que defendieran la amnistía de los yihadistas, mientras que los populares recordaron que estas aportaciones son «incompatibles» con los acuerdos alcanzados en el Pleno monográfico sobre las víctimas del terrorismo. La propuesta, pactada entre PSOE y PP a partir de un texto presentado inicialmente por los populares, exigía al Gobierno vasco «excluir de sus convocatorias públicas de subvenciones a aquellas entidades que (...) se nieguen a condenar al terrorismo o amparen o promuevan de manera habitual actividades de apoyo a quienes lo practican».

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