El fiscal pide entre 10 y 15 años de cárcel para 22 responsables de Udalbiltza-Kursaal (Asamblea de Electos de Batasuna) por integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos, al formar parte de «una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA a través de EKIN (su aparato político)» y de la ilegalizada Batasuna.
Para los 22 procesados, el fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral pide 10 años de cárcel por integración en organización terrorista y para cuatro de ellos -Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegría y Xabier Iragorri- pide también penas de cinco años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos. El fiscal Juan Moral hace esta petición en su escrito de calificación que ayer remitió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahora debe señalar la fecha del juicio de esta causa, entre cuyos principales acusados destaca Xabier Alegría, juzgado en el macrojuicio de ETA (el sumario 18/98) por integración en organización terrorista y pendiente de conocer la sentencia.
Además de las penas de prisión, Moral solicita que se decrete la clausura definitiva de las entidades Udalbiltza-Kursaal, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen Eta Cohesio Fondoa, «sus locales y establecimientos, la disolución de las mismas, y la prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase que fueren». Estas sociedades fueron creadas para gestionar los fondos que se desviaban desde los 62 ayuntamientos que, al menos en 2002, pertenecían a Udalbiltza (que aportaban, bien el 1 por ciento de sus presupuestos anuales o bien el 1'4 por ciento de sus ingresos ordinarios) y para la captación de subvenciones públicas.