El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó remitir a sus Servicios Disciplinarios la denuncia remitida por 16 organizaciones de mujeres y la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELTG) contra el juez de Primera Instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín. El magistrado otorgó la custodia provisional de dos niñas a su padre por entender que la relación lésbica que mantiene la madre con otra mujer «influye negativamente en la educación y el crecimiento armónico» de las menores. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cree que la sentencia de Ferrín contiene elementos «al margen de los principios constitucionales».
Si el Servicio de Inspección elevó una propuesta en relación con este caso la Comisión Disciplinaria para que estudie la denuncia de las organizaciones feministas y de la FELTG.
Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé que el CGPJ actúe por quejas como la presentada -sino a petición, vía recurso, del tribunal superior que haya estudiado el caso- la Comisión Permanente del organismo decidió tomar en consideración la queja. Según fuentes del órgano de gobierno de los jueves, en ocasiones, ante resoluciones que no admiten recurso, la Comisión Disciplinaria ha actuado, como hizo por ejemplo con el juez de Cantabria que recomendó a una pareja acudir a la Iglesia en una sentencia.